Reforma "populista" y "alejada de los principios de intervención mínima y de resocialización" del Derecho Penal son dos de los calificativos que la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados brinda al nuevo Código Penal, que entra en vigor mañana. La comisión ha detectado numerosas disfunciones, entre ellas la llamada prisión permanente revisable, una especie de cadena perpetua de cuya constitucionalidad dudan y cuya derogación reclamaron ayer.
Tres miembros de la comisión, Neus Linares (la presidenta), Pilar Barceló y Antoni Vicens, expusieron sus dudas de fondo sobre el espíritu que anima el flamante Código Penal. Vicens ha elaborado un detallado informe sobre la evolución y tendencia de la política criminal en España, desde el Código Penal franquista de 1973, hasta el anterior de 1995 y el actual de 2015.
Sobre el nuevo texto se critica su carácter "populista", es decir "dar respuesta penal con parámetros electoralistas o a golpe de titular de prensa". El texto también tiene, en opinión de este colectivo de letrados, un matiz "positivista", "caracterizado por el endurecimiento de las penas, la ampliación del catálogo de delitos, la introducción de nuevas conductas punitivas, el pase a un segundo plano de la finalidad resocializadora y la admisión de penas que implican la limitación permanente del derecho a la libertad".
La comisión aboga por "volver a recuperar el discurso de política criminal y plantearse el para qué ha de servir el Código Penal en una sociedad y las penas privativas de libertad".
Antoni Vicens, descendiendo al detalle de algunos cambios, explicó que el Código Penal del 2015 tiene algún aspecto positivo, como la mayor flexibilidad a la hora de aplicar la suspensión de las condenas. El abogado, no obstante, se lamentó por el aumento de algunas penas y por el hecho de que penas de poca duración tengan que cumplirse.
"¿Una pena privativa de libertad de tres meses se ha de cumplir?", se preguntó Vicens, quien desgranó los perjuicios para el reo, su familia y la sociedad que conllevan los ingresos de corta duración en prisión: pérdida de trabajo, aumento de subsidios públicos, desestructuración.
La Comisión de Derechos Humanos, a preguntas de los periodistas, alertó de las consecuencias de algunos cambios. La reforma despenaliza muchos supuestos que hasta ahora se ventilaban en juicios de faltas, pero crea la figura de los llamados delitos leves. ¿La Policía detendrá por delitos leves o no?, se preguntó Antoni Vicens.
Pilar Barceló destacó que las condenas por delitos leves conllevan antecedentes penales, con lo que ello significa para acceder a la función pública o para regular su situación en España, en el caso de extranjeros.
