El propietario del Grup Fer, el empresario Fausto Ferrero, declaró ayer como imputado ante el juez Antoni Rotger, que investiga el llamado caso Son Oms. Una declaración que se adoptó tras la elaboración de un informe por la Agencia Tributaria, en el que se implica al empresario de la construcción en dudosas operaciones inmobiliarias con terrenos ubicados en este polígono industrial de Son Oms.
En este caso se investiga si varios antiguos políticos de Unió Mallorquina, entre ellos la expresidenta Maria Antònia Munar, utilizaron su influencia para lograr la recalificación de los terrenos de Can Pastilla, a cambio de un beneficio económico. Además de Munar, también están imputados el exconseller Bartomeu Vicens y el expresidente del Parlament, Maximiliano Morales.
La inspección de Hacienda señala en su informe que Ferrero constituyó una empresa con el único propósito de comprar dos solares en Son Oms, para posteriormente venderlos. Los funcionarios tributarios insinuaban que, en realidad, Ferrero habría actuado en nombre de otra persona como una especie de socio oculto, por lo que el juez citó ayer a declarar al empresario para que explicara estas dudas. Una declaración que se realizó en calidad de imputado y en la que Fausto Ferrero estuvo asistido por el abogado Llorenç Salvà.
El promotor inmobiliario detalló que, en efecto, entre los años 2003-04 adquirió dos solares en este polígono de Can Pastilla. Se trataba de una operación basada en un proyecto de expansión de su empresa inmobiliaria, descartando que realizara la compra en nombre de otra persona a la que no le interesaría aparecer como comprador. Ferrero reconoció que no pudo llevar a cabo su proyecto de expansión debido a la crisis económica que afectó de forma muy especial al sector inmobiliario. Por ello, cuatro años después vendió los dos solares, logrando un beneficio económico. Negó que hubiera intervenido en ninguna trama con respecto a este polígono. También declaró en relación a esta operación el empresario Ángel Ochando, quien fue precisamente el que denunció el caso Son Oms ante la fiscalía de Palma, detallando que se había conseguido la recalificación de estos terrenos próximos a la autopista gracias a la actuación de políticos de UM.
