La entidad Alianza Mar Blava ha denunciado a dos responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ante la Fiscalía por presunta prevaricación por el retraso en adoptar la declaración de impacto ambiental del proyecto de prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, cuyas repercusiones afectarían directamente al medio ambiente del mar balear.
Los denunciados son el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, y la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, informó la asociación.
La entidad considera que ambos han incumplido su obligación de adoptar la declaración de impacto ambiental de la campaña de adquisición sísmica 3D solicitada por Capricorn Spain, conociendo que era obligatorio elaborar una propuesta al respecto en un plazo de tres meses desde que recibieron el expediente en septiembre de 2014.
Mar Blava asegura en la denuncia que ambos responsables "realizan un cálculo para evitar los costes electorales del Partido Popular que les ha nombrado". La asociación considera que si la declaración de impacto ambiental se pronunciaba de manera favorable a la promotora, tendrían costes electorales en Baleares, donde gobierna el PP y existe una oposición social generalizada contra dichas actividades petroleras.
Si la declaración de impacto ambiental se pronunciaba de forma desfavorable "se produciría un tratamiento desigual y discriminatorio respecto del tenido en Canarias con las prospecciones solicitadas por Repsol, lo que tendría costes electorales para el PP en dichas islas en las que se halla en la oposición", añadió Mar Blava.
Según la asociación, lo más rentable para el Gobierno desde una perspectiva electoral era retrasar la decisión hasta después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo, que es lo que anunció la ministra en su visita a Balears el pasado miércoles.
Mar Blava cree que los hechos relatados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación porque se ha producido una actuación contraria a derecho al incurrir la Administración en arbitrariedad en su actuación al tratar de eludir sus responsabilidades acudiendo a una solicitud de informe genérico, no preceptivo y sin sujeción a plazo para evitar el pronunciamiento en plazo.
La reciente afirmación de la ministra Isabel García Tejerina, de que se está a la espera de un informe solicitado al CEDEX para poder ultimar la declaración de impacto ambiental es, a juicio de la Alianza Mar Blava, "una débil coartada oportunista tomada para tratar de justificar la actuación de dichas autoridades ante el denunciado incumplimiento".
