Matas llegó a la presidencia del Govern en 1995. Fue el hombre elegido por Cañellas, Verger, Fageda y Rodríguez, que conspiraron para derrocar al hoy independentista Cristòfol Soler. Fue la legislatura en la que el Partido Popular, la formación que según los hoteleros da estabilidad a las instituciones, dilapidó tres presidents. Ni Soler ni Matas contaban con la legitimidad de unos comicios. El primero duró menos de un año. El segundo buscó validar su cargo ante el partido y revalidarlo en las urnas exhibiendo gestión como su aval ante los ciudadanos de las islas.
La estrategia del futuro ministro y presidiario se centró en aprobar un Régimen Fiscal y Económico Especial de las Illes Balears. Tras un arduo debate en el Parlament, con los socialistas mallorquines posicionados en contra de la propuesta, se aprobó la proposición de ley que se remitió al Congreso de los Diputados para que fuera validada, ya que la cámara autonómica se inmiscuía en una competencia exclusiva del Estado. El texto incluía, entre otros aspectos, 42 artículos que recogían medidas compensatorias para el archipiélago en materia de impuestos. Había incentivos en el IRPF, compensaciones en los tributos cedidos y deducciones por inversiones.
El Régimen Fiscal y Económico iba a ser la gran baza electoral para las elecciones de 1999. Aunque su gestación comenzó cuando aún gobernaba Felipe González, la propuesta balear llegó a Madrid después de que el PP ganara las elecciones de 1996, pactara con Pujol, con Aznar viviendo en La Mocloa y con Rodrigo Rato -casualidades de la vida- convertido en el todopoderoso vicepresidente y ministro de Economía.
Lo primero que hicieron los nuevos dirigentes del país fue carcajearse de esos tipos de Balears tan graciosos que se creían que iban a tener las mismas ventajas que los canarios. Después tomaron el texto y el 15 de octubre de 1997 eliminaron 71 de los 73 artículos de la proposición de ley. Prácticamente todas las enmiendas presentadas comenzaban con la apostilla "se suprime el artículo". Del título y del articulado cayeron la palabra fiscal y la verborrea con la que se había vendido el proyecto como panacea para la economía insular.
Dieciocho años después, el PP también atraviesa una situación complicada. Los astros electorales no presentan una conjunción favorable a sus intereses, la corrupción sigue azotando a sus huestes y la desconfianza entre los distintos sectores de la formación no solo no se enfría, sino que se calienta.
Bauzá saca un as de la manga para intentar revertir la supuesta debacle electoral, que quien suscribe duda de que vaya a tener la magnitud que pronostican las encuestas. El president se reúne con Rajoy en un rato libre y recupera la palabra fiscal para informar de que autónomos y empresarios contarán con bonificaciones fiscales de hasta el 75% en algunos impuestos cuando inviertan en Balears. La medida se anuncia a menos de un mes de las elecciones, supondrá un ahorro de entre 115 y 130 millones de euros y afectará al 3,7% de la población y sociedades, según los datos facilitados por el propio Govern.
La comparación puede parecer heterogénea pero es válida. En 1997, las enmiendas de los diputados populares eliminaron el 97% del articulado y de los beneficios propuestos en el Régimen Fiscal y Económico de Balears. En 2015 se ha marginado al 97% de la población de las ventajas fiscales acordadas entre el presidente y el president. Con dos agravantes en relación a la primera edición de Ponga un régimen [fiscal] en su campaña electoral: que los ciudadanos no beneficiados tendrán que aumentar, aunque sea ligeramente, su esfuerzo contributivo y que, si se necesitan nuevas inversiones en depuradoras o carreteras, habrá que recurrir de nuevo a los mismos bolsillos para financiarlas.
Por cierto, en 1999 Jaume Matas perdió la presidencia del Govern. El Régimen no sirvió para contrarrestar los desastres acumulados por el Partido Popular a lo largo de la legislatura. ¿Le ocurrirá lo mismo a José Ramón Bauzá?
