A menos de un mes de las elecciones, el Govern anunció ayer una reforma que las islas llevaban ocho años esperando: Balears tendrá deducciones fiscales específicas para compensar el impacto de la insularidad en la economía. Estas bonificaciones serán de hasta el 75% de los beneficios en el caso de las empresas que paguen Impuesto de Sociedades, y del 65% para los autónomos con rendimientos de actividades económicas. Aunque solo podrán acogerse a esas rebajas los empresarios que reinviertan sus ganancias en mejorar sus negocios, reforzar la protección del medioambiente, crear empleo, generar proyectos de investigación, construir viviendas protegidas o rehabilitar zonas comerciales en declive y destinos turísticos deteriorados.

Así lo anunció ayer el president Bauzá, tras un encuentro en Moncloa con el presidente Rajoy. Según Bauzá, el avance es "histórico", aunque la realidad es que viene forzado por una necesidad perentoria: o se aprobaba un nuevo Régimen Especial en 2015, una vez acabado el periodo transitorio para hacerlo (2007-2014), o las islas se quedaban sin ningún mecanismo que compense los efectos de la insularidad y la escasa generosidad inversora del Gobierno central. Que no es poco compensar: en los cuatro años de Gobierno Rajoy, las islas han quedado a la cola de la inversión pública. Si se suman todos los presupuestos del Estado, han llegado 576 millones, que es menos en cuatro años de lo que invertían en las islas los Gobiernos de Zapatero o Aznar algunos años.

Para contrarrestar esa baja inversión, los expresidentes Jaume Matas (PP) y Francesc Antich (PSIB-PSOE) acordaron en 2007 modificar el Estatut d'Autonomia, que incluyó una disposición: Balears estaría cada año entre 2007 y 2014 en la media de inversión estatal en las autonomías, y si no lo hacía, se le compensaría desde Madrid con cantidades millonarias equivalentes hasta alcanzar esa media. Fruto de ese acuerdo, aprobado en el Congreso de los diputados, el Gobierno Zapatero llegó a incluir proyectos adicionales por valor de 355 millones entre los años 2008 y 2010, quedándose lejos de los 422 que habrían sido precisos para alcanzar la media. Y peor aún fue desde que llegó el Gobierno Rajoy, que, amparándose en la crisis, directamente eliminó unas inversiones estatutarias que estaban en letra de ley orgánica y debían servir para financiar, por ejemplo, la reparación de depuradoras o la reforma integral de Platja de Palma. Con todo, el Estado debe a Balears del período 2007-2014 un total de 945 millones en inversiones estatutarias.

¿Se perderán? Según explicó a este diario ayer el conseller de Hacienda, José Vicente Marí, el acuerdo alcanzado para las desgravaciones no implica la renuncia a ese dinero en estatutarias. ¿Cómo se reclamará? Pues otras autonomías con derecho a estos fondos han llevado la reclamación a los tribunales, mientras el Govern Bauzá lo pide en una comisión mixta con el Gobierno Rajoy. Con lo que será el próximo Govern el que deba decidir si explora la vía judicial.

Adiós a millones en estatutarias

¿Y qué pasará a partir de ahora con las inversiones estatutarias? Pues que desaparecen. De 2015 en adelante Balears carece de base legal para reclamar esos cientos de millones que igualarían a la comunidad con la media inversora del Estado en el resto de regiones. Según recalca Marí, su extinción estaba prevista en aquella modificación del Estatut d'Autonomia apadrinada por Matas, Antich y Zapatero. Y como quiera que el Govern Bauzá no ha sido capaz de renovar el compromiso, a partir de ahora Balears se queda solo con las bonificaciones fiscales que ofrece Rajoy. El conseller de Hacienda asegura que seguirán reclamando estar en la media de inversión, pero subraya que prefiere el modelo negociado ahora, que retira carga fiscal de las empresas para que inviertan y creen empleo, en vez de compensar la insularidad mandando euros que acababan en gasto público, dice Marí, que por cierto no tiene dinero ni para depuradoras.

¿Quién pagará esas deducciones? Pues el Estado, según el Govern. En el caso de las empresas, la bonificación de hasta el 75% se restará de la cantidad que el empresario paga en Impuesto de Sociedades, un tributo que va íntegramente al Estado. Él será quien deje de ingresarlo, mientas se benefician los inversores baleares. En caso de las autónomos, la rebaja de hasta el 65% (recuerden, siempre que ese dinero se reinvierta) se quitará de las cuotas de IRPF. ¿Habrá muchos beneficiarios? El Govern, basándose en cálculos del modelo canario, afirma que unas 3.700 empresas y mil autónomos, cuando en las islas hay 44.000 empresas y 81.000 autónomos. Es decir, los 125.000 empresarios podrán pedir las deducciones, pero si se cumplen los cálculos del Govern con Canarias como referencia, apenas un 3,7% del empresariado acabará percibiendo unas bonificaciones que sustituyen a las multimillonarias inversiones estatutarias.

¿Compensa? ¿Suponen más dinero estas ventajas fiscales o las inversiones estatutarias que mueren con este Govern? El conseller Marí asegura que no han cuantificado el impacto. ¿Balears ha cambiado de sistema a ciegas, sin saber los números? Marí se limita a afirmar que los detalles se irán viendo.

Críticas de la oposición

Y justo en esa cuestión, si el cambio compensa, se centran las dudas de la oposición política. Por ejemplo, el candidato de Més, Biel Barceló, quiere ver la letra pequeña del régimen que hoy se aprobará en Consejo de Ministros. "Bienvenida sea cualquier desgravación, pero esto ni resuelve el problema de la financiación ni es un régimen fiscal de verdad. Es una miseria". Una dieta, más que un régimen especial. O a eso apunta Francina Armengol, candidata del PSOE, que cree que "la pequeña modificación planteada no resuelve los graves problemas de insularidad". Pide por ello que se discuta la solución con todos los partidos y agentes sociales, en vez de "ir, como Bauzá, a Madrid a hacer una foto electoral, después de haber sido un mal alumno que llega tarde a resolver un problema histórico".