La fiscalía reclama sendas penas de 6,5 años de cárcel para Dolça Mulet y Juan Josep Mas, vicepresidenta y director insular de Patrimonio del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007, a los que acusa de encabezar una trama dedicada a desviar fondos públicos de esa institución para gratificar a militantes de Unió Mallorquina (UM) o captar votos para esa fuerza. Mulet, Mas y otras 10 personas serán juzgadas por el caso Ayudas, iniciado en 2006 y que causó un presunto quebranto para el Consell próximo al millón de euros.
La fiscalía formula su escrito de acusación contra Mulet y Mas y diez dirigentes de cuatro asociaciones de la órbita de UM: Miguel Artigues, Antonio Galmés, Antonio Burgos, Magdalena Rigo, María Magdalena Burguera, Nadal Real, Jaime Font Font, Miguel Oliver, Pedro Vanrell y Ágata Guillermina Costa.
Pese a que la acusación pública coloca a estos diez acusados por debajo en la presunta red de Mulet y Mas a algunos de ellos se les piden penas de casi 8,5 años de prisión, mientras que para el resto se solicitan condenas de casi 5 años de privación de libertad.
Estrechas relaciones
La fiscalía mantiene que Mulet y Mas por sí solos o instigados por otros dirigentes de UM decidieron beneficiar con dinero del Consell a militantes y simpatizantes del partido y aprovechar también los fondos públicos para captar votos entre payeses, cazadores y ciudadanos en general.
Para ello constituyeron cuatro entidades dirigidas por militantes con los que mantenían estrechas relaciones y a los que ayudaron a fundar las citadas asociaciones.
Los beneficiados con aquella red fueron la Associació d´Activitats Socioculturals; la Associació per la Conservació i Difusió del Patrimoni; la Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila y la Associació de Societats de Caçadors.
La primera entidad recibió 372.000 euros en ayudas públicas entre 2004 y 2005 y tenía apalabrados para el 2006 otros 200.000; la segunda cobró 120.000 euros y le habían prometido 156.000 para el 2006; Fora Vila percibió unos 76.000 euros y las previsiones eran de otros 84.000 para el 2006; y la asociación de cazadores disfrutó de unos 305.000 euros y pensaba cobrar 223.000 para 2006.
Sin utilidad para la sociedad
La acusación mantiene que las actividades organizadas por las asociaciones afines a UM no tenían utilidad alguna para la sociedad y, en algunas ocasiones, consistieron en viajes de placer camuflados como rutas culturales. Así se invitaron a algunas personas a desplazarse a Port Aventura (Tarragona) o a la isla de Lípari (Italia).
La fiscalía añade que fruto de la comunión de intereses entre los dirigentes del Consell y sus compañeros de partido no se controló el destino real de las subvenciones. Esta dejadez habría permitido que dinero público acabara en los bolsillos de algunos de los acusados que dirigían las entidades.
La fiscalía imputa a los acusados delitos de prevaricación, malversación de caudales, fraude a la Administración, tráfico de influencias y falsedades de documentos mercantiles.
Los acusados deberán devolver, en caso de condena, al Consell de Mallorca casi un millón de euros por el dinero público supuestamente desviado.
La fiscalía pide para algunos de los implicados importantes multas económicas, que en el caso de Mulet y Mas ascienden a 1,63 millones de euros.
En la causa estuvo personado, como acusación popular, el Partido Popular. El juez Pedro Barceló archivó parcialmente la causa en mayo del 2008 y la Audiencia la reabrió en 2010. El sumario ha estado paralizado durante largas temporadas por las demoras en resolverse los recursos y en calificar los hechos por la fiscalía. Esto podría dar lugar a una atenuación de las posibles condenas.
