El Consell de Mallorca ha pedido al juzgado de instrucción 8 que exija a la expresidenta de dicha institución por Unió Mallorquina (UM) la entrega de una fianza de 11 millones de euros, para cubrir las responsabilidades económicas del presunto soborno por los solares públicos de Can Domenge. El juzgado embargará los bienes de Munar si, como parece seguro, no entrega esos 11 millones de euros.
Munar, presa en la cárcel de Palma, fue condenada por la Audiencia de Palma y El Tribunal Supremo a 6 años por amañar el concurso de adjudicación de los terrenos de Can Domenge, propiedad del Consell, en favor de Sacresa y Ferrà Tur. Antes de la vista oral algunos implicados en el caso confesaron el trasiego de cuatro millones de euros en sobornos entre Sacresa y exaltos cargos del Consell de Mallorca en 2006.
Ahora la acusación particular solicita 4 años de prisión para su expresidenta, así como el abono de una multa de 7 millones de euros por el presunto cohecho.
El Consell imputa el mismo delito al exvicepresidente de la entidad Miquel Nadal y al antiguo conseller de Territorio Bartolomé Vicens, así como al dueño de Sacresa Román Sanahuja Pons y al transportista del dinero, y amigo de Vicens, Miquel Llinás.
Otros cinco millones
Nadal, Vicens, Sanahuja y Llinás han admitido su participación en el caso, con lo que la fiscalía y el Consell solicitan para ellos condenas rebajadas y que, en principio no serían de obligado cumplimiento.
Así para el también exconseller de Turismo Miquel Nadal se piden 1 año y 10 meses de prisión y una multa de 3 millones de euros; mientras que para Vicens se solicitan 1 año y 6 meses y multa de 2 millones de euros. Para Sanahuja y Llinás se reclaman condenas de 6 y 8 meses de prisión, respectivamente, y multas de 18.750 euros para el primero y de 900 para el segundo. Nadal fue sentenciado en el primer juicio de Can Domenge a 4 años; Vicens recibió una condena de 8 meses y Sanahuja otra de 1 año.
Llinás ha devuelto los 35.000 euros que, supuestamente, cobró de comisión por colaborar con la trama y Vicens ha entregado 160.000 euros, que no cubren la parte a él adjudicada en el reparto de los 4 millones del soborno.
Fiscal y Consell quieren que, como estipula el Código Penal en casos de cohecho, los condenados reintegren el importe de la dádiva.
La comisión ascendió a 4 millones de euros, de los que se han recuperado 195.000, quedan así 3,805 millones a aportar entre Munar, Nadal y Vicens.
Los tres exdirigentes de UM arrastran varias condenas cada uno y han perdido buena parte de su patrimonio conocido para cubrir las responsabilidades económicas de esos delitos. Todos tienen también causas pendientes y su fortuna está embargada por esos casos.
El Consell solicita que si Munar no paga la multa de 7 millones de euros deberá prolongar un año más su estancia en prisión. Si Nadal y Vicens no pueden reunir fondos para cubrir sus multas también tendrán que pasar otros 8 y 6 meses más en la cárcel, respectivamente.
Visionado del juicio
Las dos acusaciones coinciden en que parte de los 4 millones fueron a parar a UM, pero no instan la devolución de ese dinero: el partido desapareció en febrero del 2011.
La segunda parte de Can Domenge será enjuiciada por un jurado popular, siempre que Munar no acabe pactando con las acusaciones, lo que haría innecesaria la vista oral.
La fiscalía anticorrupción y la acusación particular quieren que los jurados dispongan de toda la grabación del primer juicio ante la Audiencia para verla, en caso necesario.
También destacan el valor como prueba de las confesiones por escrito de Bartolomé Vicens y Román Sanahuja.
