La juez Cristina Pancorbo, del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ha citado a declarar como testigo al antiguo propietario del hotel Rocamar, en Sóller, cuya venta al Govern balear ha sido denunciada por la fiscalía Anticorrupción por las sospechas de un delito de malversación de fondos públicos. El empresario Francisco Castañer, que en el año 2001 cerró su negocio ante el estado de abandono de las instalaciones, deberá comparecer a finales de este mes de abril ante la magistrada. Y en su declaración deberá aclarar cuál fue la cantidad económica que recibió de la familia Ensenyat, de Sóller, que después devolvió con el dinero que le entregó el Govern por la compra de las ruinas del hotel, operación que se estableció en 990.000 euros.
Se trata de la primera actuación emprendida por la juez como consecuencia de la querella formulada por la fiscalía Anticorrupción, que ha denunciado al actual jefe de la inspección de la conselleria de Turismo, Jaime Ensenyat Alcover, y a sus padres, Jaume Ensenyat y Antonia Alcover. La fiscal pone en duda que el matrimonio prestara tanto dinero al dueño del hotel, porque no se cree que se trate de una casualidad que precisamente el Govern pagara esta misma cantidad por la compra del edificio. Y además el fiscal también cuestiona que la conselleria de Turismo rechazara una valoración realizada por un perito externo, en la que calculaba el valor del hotel muy por debajo del precio que finalmente se pagó por estas ruinas. En cualquier caso, el préstamo, pese a que teóricamente se trataba de casi un millón de euros, no se plasmó en ningún documento oficial, ni se certificó ante ninguna autoridad.
La fiscalía Anticorrupción ha denunciado esta operación porque hay sospechas de que se amañó la valoración de este edificio a través del informe que realizaron tres funcionarios de la conselleria, al tiempo que se descartó la tasación que realizó un perito externo, que precisamente había contratado la conselleria para que calculara el valor real del edificio. Este perito, un reconocido arquitecto, valoró que el edificio podía valer casi un millón de euros, pero que a esta cantidad había que restarle los gastos de demolición y otras obras. Por tanto, el arquitecto certificó que el Govern únicamente debía abonar al dueño del hotel la cifra de 284.631 euros. A pesar de que la Conselleria impulsó una contratación pública para que se realizara, a través de un técnico externo, dicha valoración, finalmente el Govern abonó 900.000 euros por el hotel. El dinero lo recibió Francisco Castañer, pero acto seguido empleó esta cantidad económica para pagar al empresario Ensenyat y saldar así la deuda contraída con él. Castañer negó a este periódico que el préstamo que recibió alcanzara una cifra tan elevada.
