El archivo de la querella de sindicatos y entidades ciudadanas contra la cúpula de la conselleria de Sanidad por denegación de auxilio sanitario al joven senegalés Alpha Pam, fallecido en abril del 2013 por una tuberculosis no diagnosticada, ha adquirido firmeza. El sobreseimiento del caso fue dictado en enero del 2014, pero los querellantes, de haber depositado los doce mil euros de fianza exigidos por el juez, podrían haberlo recurrido ante la Audiencia.

Denegación de asistencia

Los sindicatos CGT y UGT, la Asociación de Senegaleses de Mallorca y Derechos Humanos de Mallorca interpusieron en 2013 una querella contra Martí Sansaloni, conseller de Salud; Luis Rafael Santiso, director general de Salud Pública; Miguel Tomás Gelabert, gerente del Ibsalut; y Fernando Navarro, exdirector del hospital de Inca.

El principal delito atribuido a la cúpula de Salud era el de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria pública al colectivo de inmigrantes sin papeles.

Según los querellantes, la aplicación del Real Decreto 16/2012 estatal por parte de cuatro directivos de la conselleria de Salud se tradujo "en vulneraciones de los derechos humanos a un amplio colectivo de la sociedad, especialmente personas sin regularizar, hechos que rodearon la muerte por tuberculosis del ciudadano senegalés Alpha Pam".

Los querellantes no han podido ejercer la acusación popular debido a que no depositaron la fianza de doce mil euros (tres mil por entidad) que el juez de instrucción 2 les señaló en un principio y ratificó meses después, a instancias de la Audiencia. Las entidades han alegado que carecen de medios económicos para cubrir ese aval y han pedido, sin éxito, su rebaja.

Hace unos días se abrió otro nuevo período para que los denunciantes aportaran la fianza, sin que el dinero se haya depositado dentro del plazo señalado.

Ni la fiscalía, ni la familia de Alpha Pam, que sí ejerce la acusación particular en otra causa penal, archivada y reabierta hace unos días por la Audiencia, y que se tramita en instrucción 2 de Inca, apoyaban las tesis de las cuatro entidades. El ministerio público solicitó el sobreseimiento del caso sin que se hubiese practicado investigación alguna.

Además del delito de denegación de asistencia, la querella imputaba a Sansaloni y sus subordinados prevaricación, coacciones, y homicidio imprudente y a Fernando Rodríguez revelación de secretos, al desvelar datos del historial médico de Pam.

No hay pruebas

El magistrado Pedro Barceló cerró el caso mediante un auto de enero del 2014, que acaba de adquirir firmeza definitivamente.

Según Barceló, no existen pruebas de que el Govern, al aplicar en las islas los efectos del Real Decreto-Ley 16/2012, ordenara excluir de la atención sanitaria a los extranjeros sin papeles.

Lo que se instauró, opina el juez, fue un sistema mediante el que se exigía a los extranjeros sin permiso de residencia y no comunitarios un compromiso de pago de la asistencia médica en centros de salud, pacs u hospitales, que no se les denegó.

"Las asistencias se prestaron tras advertir al súbito extranjero beneficiario que debía pagarlas, a no ser que acreditara en su momento que estaba exento de ello" por alguno de los supuestos contemplados en la normativa, argumenta el auto.

Esa información se proporcionaba a los enfermos mediante "el documento o formulario de compromiso de pago a los efectos de que el hospital o centro de salud pudiera siempre, tras haber atendido al paciente, hacer efectivos sus derechos económicos reconocidos por el Real Decreto Ley".

Barceló tampoco vio pruebas de los otros delitos, incluido el homicidio imprudente que se estaba investigando en Inca y no era competencia de su juzgado.

La Audiencia de Palma sí vio indicios, en el auto de reapertura de la causa de Inca, de fallos en la sanidad pública balear en la asistencia sanitaria a sin papeles.