Cristòfol Pons, el farmacéutico que ha impulsado el caso Farmacias con dos querellas, afirmó ayer que el president del Govern, José Ramón Bauzá, uno de los querellados, dio órdenes a sus subordinados en el Ejecutivo, entre ellos el conseller de Sanidad, para no convocar los concursos de 42 nuevas boticas. Pons, que declaró como testigo ante el juez Antoni Garcías, se mostró confiado en que Bauzá acabe siendo imputado por este caso. Otros farmacéuticos también expusieron al instructor sus quejas por la política del Govern sobre las nuevas farmacias.
Pons ha formulado dos querellas contra la cúpula del Govern balear por no impulsar la apertura de esos 42 establecimientos y por cambiar la normativa de ordenación farmacéutica de Balears para favorecer a los farmacéuticos con oficina abierta, entre ellos el propio Bauzá, y perjudicar a otros compañeros.
El querellante sostiene que Bauzá tiene un indudable interés en que no se instalen otras 3 farmacias (incluidas en las 42) en Marratxí, donde él posee una botica.
Pons se ratificó ante el juez en todos sus extremos de la querella, donde se acusa a Bauzá de "dar instrucciones expresas a su inferior jerárquico (el conseller de Sanidad)" para no aumentar la oferta de farmacias en las islas.
"De lo contrario no se comprende de modo racional la omisión del director general de Farmacia (César Vicente, querellado e imputado) que infringe de forma palmaria y evidente la norma administrativa (en los concursos)", añade la denuncia.
"No va por su cuenta"
El farmacéutico menorquín comentó en los pasillos de los juzgados que "el conseller de Sanidad (Martí Sansaloni, también querellado) no va por su cuenta" en este asunto y recibe órdenes de Bauzá. Sansaloni es farmacéutico de carrera y su madre regenta una botica; César Vicente tiene la misma titulación.
El querellante se mostró confiado en que el juez acabe imputando al president del Govern por prevaricación omisiva, al incumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que, en enero del año pasado, estableció un límite de menos de seis meses entre las adjudicaciones de farmacias y los concursos de méritos para cubrirlas.
Pons criticó al Ejecutivo del PP por introducir cambios legales, tras la sentencia del TSJB y su querella, en la regulación del sector farmacéutico insular y que se deben aplicar con carácter retroactivo, perjudicándole a él y a otros con derechos adquiridos.
Según el querellante, el Govern no se ha puesto a regular el sector, ni ha impulsado la apertura de más establecimientos, hasta que el TSJB se ha pronunciado sobre la no incompatibilidad de Bauzá como president del Govern y titular de una farmacia.
A ese respecto, el querellante sostuvo que "el catalógo del Govern admite que hacen falta 39 farmacias y yo reclamo la apertura de 42: al final las diferencias no son tan grandes".
A la declaración de Pons no asistió la fiscalía, que, a través del fiscal superior de Balears, Bartolomé Barceló, se opuso a la admisión a trámite de su querella.
El juez Garcías citó también como testigos a Pedro Ventayol Aguiló; Elena Ventayol Bosch; e Isabel Llabrés Planas, tres de los farmacéuticos que desde 2009 han impulsado la autorización de nuevas boticas en distintas partes de las islas.
Precisamente Pedro Ventayol demandó al Govern ante el TSJB para forzarle a sacar los concursos de 9 farmacias. Su recurso se falló en la citada sentencia de enero del 2014, donde se estableció el plazo máximo de seis meses.
Estas 9 farmacias no están incluidas en las 42 de la querella.
