La fiscalía Anticorrupción ha denunciado ante el juez la operación especulativa por la que el Govern balear adquirió, por casi un millón de euros, el antiguo hotel Rocamar de Sóller, que permanecía cerrado al público desde el año 2001. Una sospechosa operación que habría beneficiado, presuntamente, a un alto cargo de la conselleria de Turismo. Se trata del jefe de la Inspección, que recibió el dinero de la compra de este ruinoso edificio junto a sus padres y a su hermana para saldar un préstamo que su familia hizo al antiguo propietario. Por ello, la fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia, admitida a trámite en el juzgado, contra Jaime Ensenyat Alcover (jefe de la Inspección) y sus padres Jaime Ensenyat Julià (conocido empresario de Sóller), y su esposa Antonia Alcover.
La denuncia del fiscal ha recaído en el juzgado de instrucción número 1 de Palma, que en breve citará a declarar a los tres familiares de Sóller, cuya imputación ha sido solicitada por el fiscal.
En la denuncia presentada por Anticorrupción se realiza una descripción histórica de la operación del viejo hotel Rocamar. Este modesto establecimiento, de más de 180 plazas, cerró sus puertas en el año 2001. El envejecimiento del edificio obligó a sus propietarios a dar por concluido el negocio. Al cerrar el hotel también se perdieron los derechos de explotación de las plazas turísticas.
Tres años más tarde el inmueble fue incluido en una operación especulativa impulsada a través del Plan Territorial de Mallorca. El Rocamar fue utilizado para un cambio. Las plazas hoteleras de Sóller se trasladaban a Campos y se explotaban en otro hotel de sa Ràpita. Sin embargo, la intervención años más tarde de la fiscalía Anticorrupción, que denunció todas las operaciones especulativas alrededor de esta norma urbanística, provocó la anulación del Plan Territorial.
El fiscal detalla que en el año 2005 el patriarca de los Ensenyat y su esposa prestaron 990.000 euros a Francisco Castañer, dueño del Rocamar, a un interés casi testimonial del 2%. El hotel se entregó como garantía del préstamo. De esta forma la familia Ensenyat se garantizaba los beneficios de futuros planes urbanísticos con el edificio. La fiscalía cuestiona que el antiguo dueño llegara a recibir este dinero. Cree que, en efecto, recibió un préstamo, pero que la cantidad no fue ni mucho menos tan alta. De hecho, el acuerdo del préstamo no aparece reflejado en ningún documento, situación poco habitual tratándose de cantidades tan elevadas.
Pero al margen de este acuerdo privado, en el año 2012 la conselleria de Turismo, dirigida por Carlos Delgado, ejecutó una decisión adoptada por el Govern de Francesc Antich. Se decidió la compra del edificio de Sóller para posteriormente derribarlo.
Turismo, antes de aprobar la operación, solicitó un estudio externo de tasación del inmueble. Este informe pericial se encomendó a un reconocido arquitecto, Pere González Nebrada, con amplia experiencia en la valoración de solares. El técnico valoraba inicialmente el inmueble en 971.671 euros. Sin embargo, entendía el perito que de esta cantidad había que restarle el precio de la demolición (a cargo del dueño), así como otras obras que debían realizarse en la zona. Por tanto, el perito estableció que, a efectos de expropiación, el precio que debía abonar la conselleria de Turismo era de 284.631 euros.
A pesar de que se había encargado expresamente a un técnico externo este trabajo de tasación del inmueble, su propuesta no fue tenida en cuenta por la Conselleria. Turismo estableció que el precio real del inmueble era de 971.671 euros, es decir, aprobó pagar casi 600.000 euros más del valor que señalaba el arquitecto González Nebreda. La conselleria basó su decisión en el dictamen de tres funcionarios que realizaron otra valoración distinta. Se estableció que el precio del Rocamar era de casi un millón de euros. Tasación que, además, no tenía en cuenta el precio de la demolición, que tuvo que pagarla después el Govern. El derribo del viejo hotel ha supuesto al final un coste de 1,5 millones, abonado con dinero público. Al denunciarse a través de las páginas de DIARIO de MALLORCA la más que sospechosa operación especulativa, que ahora se ha traducido en una denuncia judicial, el entonces conseller se excusó en los informes de los funcionarios. Defendía que se aprobara una tasación más elevada porque se entendía que el edificio no estaba declarado en ruina total, por lo que su valor era más alto. La compra se ejecutó en septiembre de 2012. El dueño recibió casi un millón de euros, pero no se quedó con este dinero. Lo utilizó para cancelar el préstamo con la familia Ensenyat. Así el dinero público que financiaba la operación quedó en manos del jefe de la Inspección y de su familia.
Demasiada casualidad
La fiscalía no cree que las cifras de esta operación sean fruto de la casualidad y que el dinero que recibió el antiguo propietario fuera casi idéntico a la cantidad económica que le prestó la familia del jefe de la Inspección de Turismo. Al realizarse la compra a través de la conselleria en la que trabajaba este funcionario, añadía aún más sospechas a este caso.
El fiscal ha pedido la citación como testigo de Francisco Castañer, el antiguo dueño. Este veterano empresario negó en su momento que el dinero que recibió como préstamo fuera tanto como el que después le reclamó la influyente familia de Sóller.
