La Guardia Civil ha constatado que Antonio Pinal, propietario de Bruesa, el empresario que está siendo investigado por haber pagado, supuestamente, la sede del PP en Palau Reial, realizó importantes proyectos de construcción en Mallorca, en concreto con el Ayuntamiento de Palma. Negocios que habrían sido impulsados por José María Rodríguez, presidente del PP de Palma, que ocupó la secretaria general del partido durante el periodo en el que se adquirió el edificio de la calle Palau Reial.

José María Rodríguez, en su condición de presidente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma (área municipal que dirigía) firmó proyectos públicos con la empresa de Antonio Pinal, quien está citado a declarar la próxima semana como imputado ante el juez Castro. Esta empresa llevó a cabo dos de los más importantes proyectos que impulsó este departamento municipal. Se trata de la construcción de los aparcamientos subterráneos ubicados en la plaza Santa Pagesa y en la Avinguda Compte Sallent. La empresa de Bruesa es una de las sociedades que figura como partícipe en la UTE que se formalizó para llevar a cabo este importante proyecto. La constructora gallega se unió a otras empresas locales, aunque asumiendo la mayor participación accionarial en la nueva sociedad. El proyecto del aparcamiento de la plaza Santa Pagesa, cuyo contrato público se firmó en el año 2001, se desarrolló en dos fases. La primera contó con un presupuesto de casi 12 millones de euros, según se refleja en el contrato que la Guardia Civil ha aportado al juez Castro. En la segunda el contrato amplía el presupuesto en 750.000 euros. En ambos documentos figura la firma, por una parte, del representante de la sociedad constructora y, por otra, la de José María Rodríguez, por su condición de presidente de la empresa municipal que impulsó el proyecto de construcción de los aparcamientos subterráneos. Sin embargo, el tercer contrato para construir el otro aparcamiento municipal que se realizó en la Avinguda Compte Sallent, con un presupuesto de más de tres millones de euros, ya no lo firmó el presidente de la empresa local, es decir, José María Rodríguez. La rúbrica que aparece en el documento aportado por la Guardia Civil es la de Álvaro Gijón, actual teniente de alcalde de Palma, que ocupaba en el cargo de gerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma. El documento data del año 2002.

La documentación entregada por la Guardia Civil es la primera prueba documental que se aporta a esta nueva investigación que impulsa el juez Castro, a petición del fiscal Pedro Horrach, que se centra en un presunto delito de financiación ilegal del Partido Popular. Anticorrupción sospecha que la compra de la sede del PP, en la calle Palau Reial, se habría financiado con la aportación de del empresario Antonio Pinal, a cambio de proyectos públicos. Estos contratos demostrarían que, en efecto, la empresa Bruesa habría realizado varios proyectos públicos con administraciones dirigidas por el Partido Popular. Ello supondría, según fuentes expertas, un incumplimiento de la ley de financiación de los partidos, que prohíbe a cualquier empresario realizar aportaciones económicas a una formación política si ha desarrollado algún tipo de proyecto público. En este caso, si se confirma que el empresario Antonio Pinal habría financiado la compra de esta sede, demostraría que al mismo tiempo también se habría beneficiado con contratos públicos, en este caso con el Ayuntamiento de Palma.

La intervención de Antonio Pinal la citó el exconcejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, que contó al juez que el empresario le había confesado esta aportación económica al PP. Un dato que después fue ratificado por el extesorero, Luis Bárcenas, que reconoció que la sede del PP de Palma se había financiado con la aportación voluntaria de una serie de empresarios, entre los que figuraría el citado Pinal.

Según De Santos, este empresario mantenía una estrecha relación con el entonces president del Govern, Jaume Matas, y le propuso construir una urbanización de viviendas en el solar militar de Son Busquets, pese a que la titularidad era del Ministerio de Defensa.

El proyecto, finalmente, no se llevó a cabo, pero este empresario realizó otras obras financiadas con fondos públicos.