La fiscalía reclama dos años de cárcel para Matthias Kühn, el empresario inmobiliario afincado en Mallorca, por hacer unas obras ilegales y alterar el medio ambiente en Tagomago, un islote protegido como área natural de especial interés y situado frente a Eivissa. El juzgado de instrucción 2 de Eivissa abrió ayer juicio oral contra Kühn y el constructor de las obras, el también alemán Guido Hecker.
Según el fiscal, Kühn&Partner, la empresa de Kühn, alquiló en 2006 Tagomago, donde existía una casa unifamiliar llamada Can Domingo de casi 600 metros cuadrados de planta baja, más otros 21 metros cuadrados de primer piso y una zona de porches de 156 metros cuadrados. La intención del alemán era, a su vez, arrendar esa casa para fiestas, eventos o estancias turísticas.
El principal acusado ordenó, entre diciembre del 2007 y julio del 2008, al constructor realizar una serie de obras en la isla, que, básicamente consistieron en pavimentaciones, muros, caminos empedrados y casetas.
"Dichas obras se llevaron sin estar amparadas por ningún tipo de licencia y no pueden ser legalizadas", postula la acusación pública.
Protección para las aves
El escrito del fiscal enumera las distintas categorías de protección que tiene el islote ibicenco: área natural de especial interés (ANEI); suelo rústico protegido en varias modalidades; zona especial de protección para las aves (ZEPA); y territorio de la Red Xarxa Natura 2000.
En la pequeña isla solo están permitidos los trabajos de conservación o mantenimiento de las antiguas construcciones.
El ministerio público imputa a los dos acusados un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el medio ambiente, por los que reclama para cada uno un total de dos años de cárcel.
La calificación provisional describe los presuntos daños medioambientales causados en Tagomago por las reformas: donde habrían quedado afectadas especies vegetales endémicas y protegidas, así como aves y lagartijas.
Las obras conllevaron movimientos de tierras y podas de áreas de sabinas y otras especies.
El 24 de febrero del 2010 una comisión judicial visitó el islote y levantó acta de las reformas realizadas y realizó un reportaje fotográfico sobre la vivienda, sus alrededores y caminos.
La acusación postula que los acusados no contaban con licencia del Ayuntamiento de Santa Eulària, al que pertenece Tagomago, y tampoco pidieron autorización a la conselleria de Medio Ambiente del Govern para hacer cambios en un lugar de la Xarxa Natura 2000. La fiscalía solicita que los acusados sean inhabilitados, respectivamente, durante dos años como promotor y constructor.
