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Caso Nóos

La venta del palacete de los duques de Palma está en el aire

La opción de compra acaba el 18 y existen dudas de que la Audiencia haya autorizado antes la operación. Castro rechaza garantizar a Hacienda el cobro de un impuesto del 3 por ciento

Los duques de Palma, saliendo de su palacete de Pedralbes. Efe

La venta del palacete de Pedralbes de los duques de Palma está en el aire, puesto que existen serias dudas de que la Audiencia de Palma haya autorizado la operación antes del 18 de marzo, día en que finaliza la opción de compra y en el que el inmueble debe estar libre de cargas. De forma paralela, el juez Castro rechazó ayer garantizar que Hacienda cobre un tres por ciento del dinero neto de la venta por un impuesto para vendedores no residentes en la Unión Europea.

El tiempo corre en contra de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que han encontrado un comprador para su casa de Pedralbes por casi 7 millones de euros.

Los duques de Palma firmaron el 17 de diciembre un contrato de arras con el abogado barcelonés que representa al comprador.

La condición ineludible para consumar la compraventa es que la mansión de la calle Elisenda de Pinós 11 y 13 esté libre de cargas o gravámenes antes del 18 de marzo.

Dos cargas

Sobre el palacete pesan dos cargas: una hipoteca de 4,4 millones de euros en favor de La Caixa, que prestó 5 millones a los duques de Palma para comprar el inmueble, y el embargo del juez Castro sobre la mitad de la finca, propiedad de Iñaki Urdangarin. Esta última traba se materializó en 2013 como garantía de que Urdangarin pagará sus penas económicas en caso de posible condena por la trama Nóos.

La transacción ya ha sido autorizada por el juez Castro, pero con unas condiciones que no han agradado a los propietarios de la antigua casa torre. Básicamente, Castro ha dispuesto que todo el dinero limpio de la venta (2,37 millones de euros) se destine a cubrir las fianzas millonarias señaladas por él para doña Cristina y su marido. El resto de los fondos se dedicará a cancelar la hipoteca (4,4 millones de euros), pago de plusvalías y abono de los gastos de la operación.

El magistrado acordó levantar el embargo judicial sobre la mitad del inmueble, pero esa medida no se adoptará hasta que su auto del 5 de febrero adquiera firmeza.

Iñaki Urdangarin discrepa de ese veto y quiere destinar 254.000 euros de esos 2,37 millones para saldar una acuciante deuda con Hacienda, por su declaración del IRPF del 2009.

El acusado ha renunciado a dedicar otros 437.000 euros de los 2,37 millones a liquidar con La Caixa un producto financiero destinado a mantener estables los tipos de interés de la hipoteca.

El duque de Palma ha recurrido en apelación ante la sala segunda de la Audiencia las restricciones del juez Castro, pero no es habitual que esa instancia falle los recursos en menos de 12 días hábiles, el tiempo que le queda al contrato de arras para caducar.

Renunciar no sirve

Los dueños del palacete de Pedralbes tienen dos opciones: aceptar destinar los 2,37 millones a las fianzas o renegociar con el comprador una prórroga de las arras, en vista de que las cargas sobre la vivienda se van a levantar tarde o temprano.

Sin embargo una hipotética renuncia al recurso de apelación no significaría que el auto de Castro adquiriese firmeza, dado que la acusación popular Manos Limpias también ha apelado esa resolución.

El sindicato de funcionarios se opone a la enajenación del palacete de Pedralbes, porque estima que no es el mejor sistema para garantizar el pago de las fianzas civiles de sus propietarios.

Hacienda llega tarde

Por otro lado, la Agencia Tributaria solicitó a Castro, a través de la Abogacía del Estado, que unos 200.000 euros de los 2,37 millones netos de la venta revirtieran en ella. Hacienda reclama a los duques de Palma un impuesto que grava la venta de inmuebles cuando el transmitiente no es residente en un país de la Unión Europea.

Los duques de Palma viven desde hace tiempo en Suiza y por esa razón están obligados a abonar al Fisco un 3% del precio de venta descontado otros impuestos.

El instructor se niega a retener ese porcentaje porque la Abogacía del Estado tenía que haber alegado la existencia de ese impuesto en un momento procesal anterior: cuando se le dio oportunidad para opinar sobre la compraventa del palacete de los duques o cuando salió el primer auto estableciendo las condiciones (el del 5 de febrero), por ejemplo.

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