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La financiación del PP

El fiscal busca a los empresarios que pagaban las comisiones del 3% al PP

Anticorrupción rastrea a los constructores que supuestamente abonaban sobreprecios a cambio de adjudicaciones públicas.

Las sospechas del pago de comisiones se centran en las obras que contrataba Jaume Matas. Diario de Mallorca

La fiscalía Anticorrupción busca los nombres de los empresarios que aceptaron las normas que impuso el Govern de Matas, que supuestamente exigía para el PP un porcentaje de un tres por ciento por cada obra pública que concedía.

La declaración que realizó el pasado martes Javier Rodrigo de Santos viene a confirmar las sospechas que desde hace tiempo tiene la fiscalía. El Govern del PP utilizaba las contrataciones públicaspara conseguir financiar las actividades del partido. Y lo hacía exigiendo el pago de comisiones, siempre según la declaración de De Santos. Se sabe, aunque aún no se ha podido demostrar, que casi todos los constructores entraron en esta dinámica y aceptaron pagar comisiones, ya que de lo contrario quedaban apartados de las contrataciones públicas.

Aunque se baraja una lista de nombres, en estos momentos es prácticamente imposible conocer qué cantidades pagaron y en qué proyectos, porque supondría investigar cientos de expedientes de contratación, lo que en estos momentos resulta inviable. Y además, en la mayoría de casos, aunque se demostrara que se pagaron comisiones, los delitos estarían prescritos.

Estas dificultades no evitan que en el centro de las sospechas de los investigadores se sitúen determinados nombres, que precisamente serían los empresarios que lograron un mayor número de contratos con la administración autonómica que dirigía Jaume Matas. La obra pública fue durante los años de bonanza económica la principal fuente de ingresos de dichas empresas que, además, si pagaban estas comisiones, los gastos después se sumaban a las facturas que presentaban a las administraciones.

Los investigadores creen que este sistema de contratar con el Govern era aceptado por muchos empresarios, aunque ninguno lo ha confesado ni lo ha denunciado. El pago de comisiones en casi todas las administraciones y en los partidos que las dirigían era un método habitual y en cada proyecto público al que se presentaban los empresarios ya añadían este desembolso.

Los investigadores son pesimistas en cuanto a poder conocer el proyecto concreto en el que hubo pago de comisiones y la cifra del dinero que abonó. En este tipo de operaciones se evita los ingresos bancarios y se acude al pago en metálico, que no deja rastro. Las empresas suelen utilizar sus fondos en dinero negro para pagar estos sobornos, por lo que es casi imposible seguir la pista de estas cantidades económicas.

Rodrigo de Santos ha confesado que en una comida que le organizaron los constructores locales, con motivo de su anuncio de que dejaba la política activa, le manifestaron que era una norma habitual el pago de comisiones a los políticos. Y le manifestaron su extrañeza de que él hubiera sido el único mandatario político que nunca aceptó estos pagos irregulares. La fiscalía Anticorrupción da credibilidad a las declaraciones del exconcejal de Urbanismo, a pesar de que se trate de un político que ha sido condenado por utilizar una tarjeta de crédito municipal en el pago de gastos sexuales. Y le da credibilidad porque muchos de los detalles que cuenta coinciden con los datos que se han ido averiguado en varias investigaciones. Hace mucho tiempo que se sabía que los gobernantes, de distintos partidos de Balears, exigían comisiones a cambio de las contrataciones. Pero hasta ahora no se había contado con la declaración de un político que reconozca ante un juez que, en efecto, se exigían comisiones a los contratistas e incluso ha señalado el porcentaje que se exigía, a pesar de que no haya aportado ninguna prueba documental que lo demuestre.

La confesión

Javier Rodrigo de Santos ha sido el primer político que ha confesado que su partido, el PP, exigía un tres por ciento de comisión por cada proyecto. Y también ha señalado el nombre de la persona que se encargaba de cobrar este porcentaje, Fernando Areal, cuñado de Matas y exgerente del PP balear. Los investigadores dan total credibilidad a esta confesión porque por su condición de concejal de Urbanismo tenía acceso a este tipo de información, que es muy difícil que aflore, ya que ningún empresario se atreve a confesar que ha pagado comisiones, porque supone reconocer un delito y, además, prácticamente queda apartado de cualquier posibilidad de obtener un contrato público.

En el caso de Balears, el Govern exigía siempre que en las UTE de los grandes proyectos interviniera, aunque fuera con poco porcentaje, alguna empresa local. Era una forma de repartirse una parte del pastel del presupuesto de obra pública que se contrataba, que en muchas empresas suponía, además, la principal fuente de ingresos económicos.

En los últimos años muchas empresas se han sentido, en cierta forma, acorraladas, porque sabían que la fiscalía tenía sospechas de que habían pagado comisiones a cambio de contratos.

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