La fiscalía reclama un total de 3,5 años de cárcel y el pago de 6,6 millones de euros en multas y compensaciones a Hacienda para Pau Ramis, el empresario y médico mallorquín incluido en la lista Falciani de presuntos evasores tributarios. Según la acusación pública, Ramis llegó a tener más de 4,1 millones de dólares en una cuenta del HSBC Private Bank de Suiza, fondos que no incluyó en sus declaraciones de la renta de 2005 y 2006.
El nombre de Ramis fue facilitado en 2010 a la Hacienda española por las autoridades francesas, que habían tenido acceso a los listados de clientes del HSBC sustraídos por el informático Hervé Falciani.
La Agencia Tributaria abrió una inspección al que es uno de los mayores exaccionistas de la Policlínica Miramar de Palma, pero, a diferencia de otras decenas de españoles pillados en las listas Falciani, Ramis no quiso hacer declaraciones complementarias.
Su expediente, como adelantó DIARIO de MALLORCA, pasó a la vía penal, al estimar la Abogacía del Estado y la fiscalía que podía haber cometido delitos fiscales en dos ejercicios. El acusado se declara inocente.
Ambas acusaciones postulan que el médico era el titular de una cuenta corriente abierta el 12 de abril de 1996 en el HSBC y que a finales del 2005 arrojaba un saldo en dólares de 3,33 millones, que subieron a 3,88 millones un año después. El mes que más fondos tuvo el depósito fue abril del 2006, con 4,19 millones de dólares.
La fiscalía sostiene que ese dinero provenía "de los trabajos profesionales del acusado como médico y miembro destacado de distintas sociedades médicas (la Policlínica Miramar entre otras).
Cuota defraudada
La Abogacía del Estado imputa a Ramis el defraudar mediante múltiples irregularidades: "ocultación de datos y activos económicos y patrimoniales, formulación de declaraciones tributarias incompletas y falta de pago de cantidades realmente debidas a la Hacienda Pública en relación con la verdadera capacidad económica de que se disponía".
Los inspectores fiscales han hecho sus cálculos y han llegado a la conclusión de que el acusado defraudó en 2005 una cuota de 1,509 millones de euros y en 2006 de 652.000 euros.
Las acusaciones imputan al empresario dos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada ejercicio.
El fiscal pide por el delito del 2005 dos años de prisión, multa de tres millones de euros e indemnización a Hacienda con 1,509 millones de euros.
Por el segundo delito se reclaman 18 meses de cárcel, multa de 1,5 millones de euros y pago a Hacienda de 652.000 euros.
La mujer, cotitular
La cuenta corriente del HSBC a nombre de Pau Ramis tenía como cotitular, supuestamente, a la esposa de éste.
La fiscalía ha pedido que la mujer del acusado sea declarada responsable civil subsidiario de las indemnizaciones para Hacienda.
La Abogacía del Estado defiende, en su escrito de calificación provisional, la legitimidad de la pista que llevó a descubrir el presunto fraude fiscal de Ramis.
La acusación no menciona a Falciani como fuente primera de los evasores fiscales, pero asegura que las autoridades fiscales francesas facilitaron a sus homólogas españolas los datos sobre el mallorquín "en forma de intercambio espontáneo de información".
Esa comunicación se hizo, prosigue el escrito, en virtud del convenio de doble imposición (fiscal) entre Francia y España.
Con los extractos remitidos desde Francia, los inspectores de Hacienda se pusieron a trabajar para comprobar si el médico había declarado en España aquel patrimonio y comprobaron que no lo hizo ni en el IRPF ni en el impuesto de patrimonio.
Arte y antigüedades
El perfil del contribuyente que da la Abogacía del Estado de Ramis en esos años es el de "un médico especialista, dado de alta fiscalmente como profesional; socio de numerosas sociedades (empresas); propietario de objetos de arte y antigüedades, titular de fondos en cuentas bancarias, una de ellas en Suiza y no declarados a Hacienda; e interviniente en numerosas operaciones financieras e inmobiliarias".
La Agencia Tributaria examinó las declaraciones de Pau Ramis en aquellos años y concluyó que en ellas se habían cometido "flagrantes inexactitudes" y "se habían ocultado ingresos económicos".
"Si el acusado hubiese declarado a la Hacienda Pública todos los activos económicos y patrimoniales de que era titular, y hubiese realizado adecuadamente sus declaraciones tributarias por IRPF de los ejercicios 2005 y 2006, habría debido pagar a la Hacienda Pública mayor cantidad de la que pagó", postula la Abogacía del Estado.
