Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular, que estuvo casi dos años encarcelado, tendrá que declarar otra vez en el juzgado. Pero esta vez lo hará en Palma y ante el juez Castro, que pretende que el exdirigente popular detalle de qué forma se compró la sede del Partido Popular de Balears, ante las sospechas de que se trató de una operación de financiación ilegal de dicha formación política.

El magistrado reacciona de esta forma a la declaración que el pasado martes realizó el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien señaló que la sede se compró con la aportación económica de un empresario de la construcción. De Santos se refería a Antonio Pinal, máximo accionista de la sociedad Bruesa, que ha conseguido en los últimos años varias contrataciones públicas en Balears. Se sospecha, porque así lo ha declarado De Santos, que financió la compra de dicha sede de la calle Palau Reial a cambio de un proyecto urbanístico en el solar militar de Son Busquets, pese a que finalmente no se llevó a cabo. El juez anunció ayer la imputación de dicho empresario gallego, que tendrá que declarar el próximo día 11 de marzo asistido por abogado.

Ese mismo día el juez ha citado a Luis Bárcenas. El exgerente del PP, que está acusado de enriquecerse a través de comisiones ilegales, ya declaró hace varias semanas en la comisión parlamentaria que investiga el proceso de adjudicación del hospital de Son Espases. En aquella ocasión declaró desde la cárcel y tuvo que hacerlo a través de un sistema de videoconferencia. Sin embargo, debido a que ya ha recuperado la libertad, deberá ahora desplazarse a Palma para contestar a las preguntas del juez Castro y del fiscal Horrach, que se centrarán en conocer el nombre del empresario que financió esta operación inmobiliaria de Palma. Bárcenas ya reconoció que la sede se compró a través de la aportación económica de empresarios privados. En la lista de nombres, según el extesorero del PP, figuraba el constructor Antonio Pinal. Sin embargo, Bárcenas rechazó que a cambio de esta colaboración económica la administración balear hubiera recompensado al empresario a través de contrataciones públicas. Esta afirmación, sin embargo, es puesta en duda por los investigadores, que están convencidos de que ningún empresario financia este tipo de operación inmobiliaria de un partido político si a cambio no recibe algún tipo de recompensa en forma de contrato público.

Es por ello por lo que el juez libró ayer un oficio dirigido al Govern balear para que certificara los contratos públicos que la administración autonómica había adjudicado a las empresas Brues y Fernández y Bruesa, dirigidas por Antonio Pinal, obras públicas que se habrían concretado entre los años 2003 y 2007. El juez quiere conocer qué tipo de contratos públicos obtuvo este empresario gallego, el objeto de estos proyectos y, sobre todo, el coste que tuvieron estas obras que se financiaron con fondos públicos. El juez ordena que esta información debe entregarse antes del próximo día 11, debido a que es la fecha en la que se interrogará al constructor y muchas de las preguntas pivotarán sobre estos proyectos.

Para recalar más datos sobre la cuestión económica, el magistrado también libró ayer un oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que informe sobre las operaciones con terceros que ha realizado tanto la empresa Brues como el constructor Antonio Pinal a título personal. Esta información debe concentrarse también en el periodo entre 2003 y 2007, fechas en las que el Partido Popular de Balears y el Govern eran dirigido por la misma persona, Jaume Matas. Rodrigo de Santos, en una de las confesiones que realizó a la fiscalía Anticorrupción, señaló que Antonio Pinal se movía libremente por el despacho del entonces president del Govern. Contó que Matas intentó recompensar al empresario al perder el proyecto de la reforma de la barriada de sa Gerreria de Palma. Y como alternativa pretendía otorgarle directamente, sin concurso público, la construcción de una urbanización en el solar de Son Busquets. Se trataba, además, de un terreno que pertenecía al Ejército, pero Matas pretendía utilizarlo para realizar un proyecto urbanístico que consistía en la construcción de más de 500 viviendas. Rodrigo de Santos aseguró que mantuvo varias reuniones con este empresario en el despacho de Matas y que incluso en una de ellas el president no estaba presente. El entonces concejal de urbanismo de Palma se opuso a este proyecto, ya que existía un compromiso municipal para construir en este solar viviendas de protección oficial. Además, impuso la convocatoria de un concurso, que finalmente fue declarado desierto por la mala calidad de las dos ofertas que se presentaron. Rodrigo de Santos detalló que en un almuerzo que mantuvo con Antonio Pinal, el empresario le confesó que el proyecto de Son Busquets le había costado financiar la sede del PP. Se trata, en cualquier caso, de un testimonio de referencia, dado que el exconcejal no ha aportado ninguna prueba documental que acredita dicha afirmación.

Otros testigos

Bárcenas no será el único personaje vinculado con el PP que el próximo día 11 tendrá que declarar como testigo. El juez también citó ayer a dos personas que trabajaron muy cerca del entonces president Matas. Se trata de Maria Umbert, exdirectora de gabinete del president, y Sergio Betrán, antiguo director del IB Salut. Estas dos personas habrían actuado como fuente de información de Rodrigo de Santos, quien afirma que le dijeron que el PP de Balears había exigido una comisión de nueve millones de euros a las dos empresas constructoras que se habían interesado por construir Son Espases. Se trata también de una declaración de referencia, ya que tampoco ha aportado ninguna prueba que acredite esta afirmación.

Además de denunciar los intentos para obtener un beneficio económico por el proyecto del hospital, el exconcejal de Urbanismo de Palma aseguró el martes al juez Castro que el PP de Balears exigía una comisión del tres por ciento por los proyectos públicos que otorgaba. Según su declaración, esta exigencia de pago se comunicaba una vez firmada la contratación y era Fernando Areal, cuñado de Matas, quien transmitía la orden.