Ni Govern balear ni Consell de Mallorca tienen nada claro que sea legal la aprobación de una moratoria contra la implantación de nuevas grandes superficies, según ha reconocido el conseller insular de Territorio, Mauricio Rovira. Frente a esta postura, desde las patronales isleñas del comercio tradicional se sigue advirtiendo de que esta medida cautelar "es una cuestión de Estado y de supervivencia", y que sin esa paralización temporal de nuevas licencias a grandes comercios el plan director del sector que se quiere elaborar "no servirá para nada". Además, se reconoce que su aprobación es una demanda que se está formulando ante otras formaciones políticas, ante la posibilidad de que las elecciones autonómicas de mayo den pie a nuevos Ejecutivos de diferente color político al actual.
Mauricio Rovira apunta que en el caso del Consell la moratoria podría estar vinculada al desarrollo del suelo, pero destaca que ésta no resulta legalmente viable hasta que no se ponga en marcha la redacción del plan territorial de equipamientos comerciales, cuya elaboración fue pactada recientemente por Govern y Consell. Pero incluso una vez se inicie su redacción, admite que se trata de una cuestión enormemente compleja, ya que podría dar pie a la posterior reclamación de indemnizaciones. Por lo que respecta a una moratoria en la concesión de licencias a grandes superficies por parte de la conselleria de Economía, Rovira afirma que ese departamento del Govern también está analizando este tema, pero matiza que todo apunta a que podría contravenir las directivas de Bruselas.
Hay que recordar que desde las patronales de comercio se ha asegurado que el president José Ramón Bauzá se comprometió a aprobar la citada medida cautelar si era "legalmente viable". Y según Rovira, el problema radica precisamente en las enormes dudas existentes en relación a esa legalidad.
En cualquier caso, el conseller insular de Territorio se muestra comprensivo con la preocupación de las asociaciones del comercio tradicional respecto a que se pueda dar una entrada masiva de peticiones de grandes superficies para instalarse en Mallorca antes de que se apruebe el plan director (para ello se baraja un plazo de uno a dos años), al reconocer que la puesta en marcha de este tipo de cambios normativos puede actuar como un "efecto llamada". Hay que tener en cuenta que una de las funciones de ese plan es fijar las posibilidades de crecimiento del suelo comercial en la isla, lo que previsiblemente conllevará la implantación de límites que ahora no existen.
Este último es precisamente el argumento que se utiliza desde la Confederación Balear de Comercio, cuyo presidente, Bartolomé Servera, solicitó públicamente al conseller de Economía, Joaquín García, la aprobación de la citada medida cautelar hasta que se apruebe el plan director, ante el temor a que durante su tramitación se registre una entrada masiva de nuevos proyectos. Según Servera, esas medidas cautelares son para el comercio tradicional "una cuestión de Estado y de supervivencia", una opinión compartida por el presidente de la patronal Pimeco, Bernat Coll.
Porque todas las patronales isleñas apoyan la moratoria. Servera y Coll más abiertamente, y también el presidente de Afedeco, Pau Bellinfante, aunque este último alega que prefiere defender esta medida "en los despachos" y con mayor discreción.
Todos los representantes del sector también ponen de relieve que en los contactos que ya están manteniendo con las diferentes formaciones políticas para la elaboración de sus programas electorales (como PP, PSOE, Més o Pi, a la espera de tener también posibles encuentros con Podemos), la reivindicación de esas medidas cautelares son una constante. Porque según Bernat Coll, "sin esa moratoria lo demás no sirve para nada", dado que de aquí a dos años el comercio tradicional puede haber visto como su situación se deteriora hasta niveles inasumibles. Por ello, el presidente de Pimeco no duda en afirmar que, para un comerciante, la inclusión en un programa electoral de la citada medida cautelar puede ser un motivo para dar el voto.
En cualquier caso, no se oculta que en los encuentros con los partidos políticos también se están planteando otras demandas, como un mayor impulso a las medidas destinadas a promocionar el comercio tradicional más allá de las clásicas calles del centro de Palma, o el que se busquen fórmulas para volver a regular los periodos de rebajas, según declara Pau Bellinfante.
