La segunda parte del caso Can Domenge se juzgará ante un tribunal popular. Así lo ha decidido el juez Enrique Morell, que ayer anunció a los abogados de los cinco acusados que será un jurado el que dicte sentencia sobre el presunto soborno de cuatro millones de euros, a cambio de manipular un concurso público.
El banquillo de los acusados lo ocuparán, en este nuevo escándalo de corrupción que afecta a Unió Mallorquina, varios de sus más destacados políticos. Por este supuesto cohecho se juzgará a Maria Antònia Munar, a Miquel Nadal y a Bartomeu Vicens. También se juzgará a Miquel Llinás, alias Cameta, el intermediario que utilizó Vicens para recibir los sobres con el dinero, para repartirlo después entre ellos. La quinta persona que será juzgada por este caso es Román Sanahuja, el dueño de la empresa de construcción Sacresa, quien ha confesado que pagó estos cuatro millones de euros, a cambio de ser elegido ganador del concurso de Can Domenge y quedarse con el solar público a un precio muy inferior al real.
El delito por el que serán juzgados estas cinco personas contempla penas que van desde los tres a los seis años de cárcel. Sin embargo, se da prácticamente por seguro que la mayoría alcanzará un pacto con la fiscalía, puesto que ya lo han hecho con anterioridad y, sobre todo, porque han confesado, uno que pagó y otros que cobraron. De nuevo, Maria Antònia Munar es la única acusada que niega el soborno. Ya fue condenada en el primer juicio del caso Can Domenge, por el que tuvo que ingresar en prisión. El inicio de este juicio quedó marcado, precisamente, por la confesión de algunos acusados que confirmaban las sospechas que rodeaban este caso, es decir, demostraban que el concurso para vender este solar público había sido un amaño. Los máximos dirigentes de Unió Mallorquina, que en ese momento dirigían el Consell de Mallorca, habían cobrado un cohecho para beneficiar con sus decisiones al empresario que se mostró dispuesto a sobornarles.
Ante la contundencia de las pruebas no se descarta, y de hecho se da casi por seguro, que Munar también alcanzará un pacto. Ya cumple seis años de cárcel por este amaño y en estos momentos tampoco existe mucho interés en que vuelva a ser condenada a otros seis años por este cohecho. Además, la defensa sabe que es prácticamente imposible desmentir la versión de los otros acusados, que han confesado que detrás de la decisión de vender el solar a Sacresa se escondía un pago a los políticos de cuatro millones de euros. Por ello, la estrategia más razonable en estos momentos es alcanzar un pacto con la fiscalía y, al mismo tiempo, con la acusación particular que representa el Consell de Mallorca. Un pacto que pasa con aceptar una pena mínima, pero que también supone reconocer que la expresidenta del Consell de Mallorca aceptó un soborno económico (una parte para ella y el resto para el partido) por vender un solar que ni siquiera era suyo, ya que se trataba de un terreno público. Este presumible acuerdo que podría negociar Munar también la obligaría a devolver el dinero.
Llegue o no a un pacto con Anticorrupción, Munar y sus antiguos colaboradores en Unió Mallorquina van a volver a ser juzgados, esta vez ante un tribunal de ciudadanos, por un nuevo caso de corrupción. Los tres antiguos políticos están en prisión.
El fiscal pidió el sobreseimiento para el empresario Pedro Ferrá Tur, socio mallorquín de la empresa Sacresa.
