El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, afirmó ayer en la comisión parlamentaria de investigación sobre Son Espases que el proceso de adjudicación estuvo plagado de "graves irregularidades" que, a su juicio, hacen que la concesión de las obras sea "nula de pleno derecho". Además, sostuvo que "no es verdad" la afirmación ante Fiscalía Anticorrupción de la exconsellera de Salud con el Govern de Jaume Matas, la popular Aina Castillo, de que el proceso había sido amañado a favor de OHL. En este sentido, aseguró que en los "27 años" de historia de OHL ni él ni nadie de su grupo ha presionado o pagado dinero para hacerse con la adjudicación de una obra pública. Así, también negó que hubiera efectuado donativos en dinero negro al PP coincidiendo con las fechas en las que se decidía la adjudicación en 2006, como dijo el extesorero nacional Luis Bárcenas, quien calificó al empresario de "donante generoso del partido".
"Es absolutamente falso", dijo sobre las anotaciones en los papeles de Bárcenas sobre la contabilidad paralela del PP, con dos pagos de 100.000 y de 180.000 euros que habría efectuado en las fechas en las que se decidía la adjudicación del hospital. No obstante, admitió que su grupo realiza "alguna aportación anual" a la fundación FAES, del PP, aunque matizó que también lo hace a fundaciones ligadas al PSOE y que "jamás" ha dado donaciones directas a partidos.
El presidente de OHL puso especial énfasis en negar la confesión de Castillo sobre los supuestos amaños a favor de su empresa y rechazó que Matas hubiera entregado un sobre a la entonces consellera con instrucciones en este sentido. "Se habla de un sobre que nadie ha visto, ni conoce, ni sabe lo que decía y que es una nebulosa; eso no es verdad", afirmó.
La mesa de contratación para la adjudicación de Son Espases tenía previsto adjudicar a OHL esta obra en base al informe de Global PM validado por dos técnicos del Ibsalut. En la reunión en la que se iba a decidir, llegó una nota de Castillo aconsejando a los miembros de la mesa que pidieran un informe al Consell Consultiu, que sugirió que si había dudas solicitaran más informes y se pidieron a los colegios de ingenieros y de economistas. El resultado fue que la adjudicación fue para ACS, de Florentino Pérez.
El presidente de OHL calificó ayer de "absoluta irregularidad administrativa" que se paralizara la adjudicación por indicaciones de Castillo y del Ibsalut, que eran "incompetentes para pedir informes a los colegios profesionales", ya que esto corresponde a la mesa de contratación. Añadió que, según la ley balear de colegios profesionales, estos son además "incompetentes" para informar de asuntos ajenos a su ámbito. Villar Mir presentó un recurso contra la adjudicación que fue desestimado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Palma en septiembre del pasado año, si bien OHL ha recurrido esta decisión judicial. El empresario afirmó que es la primera vez que recurre una adjudicación.
A preguntas de Fina Santiago, de Més, Villar Mir rechazó haber sido investigado dentro del caso Andratx, que estalló en 2006, año de la adjudicación de Son Espases. No obstante, admitió que una empresa de su propiedad había hecho una promoción en la urbanización Gran Folies, que en 2004 estaba pendiente de normativa urbanística y que se encuentra en la zona de Cala Llamp, investigada en aquel caso. Tras la comparecencia de Villar Mir, Santiago relacionó la negativa final de Matas a adjudicar Son Espases a OHL, como era su primera intención, al temor por el estallido del caso Andratx.
Santiago también intentó resaltar los vínculos entre el PP de Matas y las empresas de la UTE liderada por ACS en la comparecencia del empresario mallorquín Jaume Mascaró, cuya empresa Melchor Mascaró forma parte de la UTE y que no negó que su empresa invirtiera 1,2 millones de euros en septiembre de 2003 en una SICAV cuyo gerente era el cuñado de Matas, Fernando Areal. En su comparecencia, Mascaró afirmó que no le constaban presiones en la adjudicación del hospital. Miguel Llabrés Feliu, cuya empresa también formaba parte de la UTE que se hizo con la adjudicación, afirmó que era un directivo de su empresa el que acudía a las reuniones de la UTE, por lo que él desconocía los detalles de cómo se adjudicó.
