El juez Pedro Barceló ha concluido la investigación de la pieza principal del llamado caso Ibatur y llega a la conclusión de que en esta empresa pública se pagaron y se cobraron comisiones ilegales. Por ello ha decidido confirmar la imputación de dos de sus exgerentes, Juan Carlos Alía (que dimitió por el escándalo Rasputín) y Raimundo Alabern.

En el auto al primero se le imputa un total de siete delitos y otros seis delitos a su sustituto. Se les acusa de malversación, cohecho, fraude, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. La fiscalía Anticorrupción reclama para ambos altos cargos de la conselleria de Turismo en el época del PP sendas penas de diez años de prisión. Por este caso, Alía pasó dos meses en prisión preventiva, si bien ahora está en libertad.

Los dos exgerentes compartirán el banquillo de los acusados junto al antiguo asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, así como con dos empresarios y con la mujer de uno de ellos. El desvío de fondos públicos que se investiga data de los años 2004 a 2007.

El juez coincide con el fiscal, en el sentido de que considera que los antiguos altos cargos de Ibatur aprovecharon las competencias que tenían para intervenir y resolver expedientes de contratación de manera ilegal. Manipulación que se habría cometido con el objetivo de favorecer económicamente a diversos empresarios. Y al mismo tiempo, ellos mismos también obtenían beneficios económicos a través del pago de comisiones.

En el auto judicial se afirma que los directivos de Ibatur daban instrucciones a los empleados y funcionarios para que se manipularan los expedientes de contratación, para que premiaran a los empresarios con los que colaboraban. A cambio de ello, tanto Alía como Alabern, según el fiscal y el juez, exigían a dichos empresarios una compensación económica a cambio de estos contratos con Ibatur. El magistrado cifra en 128.440 euros el dineros que recibieron en concepto de regalos.

Estas comisiones, al final, se abonaban con fondos públicos, ya que se encarecían los contratos que asignaba Ibatur a los empresarios previamente seleccionados.

Juan Carlos Alía tuvo que abandonar el cargo de gerente al descubrirse el llamado caso Rasputín. Su sucesor, según el juez, maniobró dentro de Ibatur para beneficiarle.

Se buscó una fórmula para compensar a Alía por su renuncia y se le gratificó con fondos públicos. Para ello, se simuló una serie de contratos, financiados con dinero de Ibatur que finalmente fueron ficticios. Es decir, Alía cobró el dinero sin aportar nada a cambio. El auto del juez detalla las contrataciones que se firmaron a favor de la sociedad que creó Alía al dejar Ibatur. La mayoría de contratos se justificaban con trabajos de asesoramiento. Además, Juan Carlos Alía, teóricamente, también organizaba presentaciones y cenas a grupos de periodistas y agentes de viajes alemanes con motivo de las ferias turísticas.

El juez y Anticorrupción también aseguran que Juan Carlos Alía exigió a uno de los empresarios acusados, Bartolomé Morey, que era administrador de dos empresas de diseño, que le pagara comisiones como contraprestación por los contratos públicos que obtenía de Ibatur. Tras la renuncia de su cargo, Alía, con el concierto de su sustituto Alabern, continuó exigiéndole al empresario una comisión del 15 por ciento por cada contrato que firmaba con la administración. No solo se le exigía el pago de comisiones, sino que también se le amenazaba con no volver a trabajar más para la administración. Según señala el magistrado Pedro Barceló, el empresario pagaba estas comisiones, pero para recuperar estas pérdidas aumentaba el precio de las facturas que cobraba en Ibatur. La prueba principal con la que el juez basa esta afirmación es la documentación encontrada en la oficina de este empresario. Apareció una carpeta, con el epígrafe "financiación cobros", con las iniciales JC (Juan Carlos Alía) y R (Raimundo Alabern) en la que se establecía las cantidades que había abonado a los dos gerentes de Ibatur en concepto de comisiones.