José Ramón Orta, gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), negó ayer ante la juez que hubiera ocultado a propósito un informe jurídico que avalaba la compra de unidades ferroviarias durante la pasada legislatura. Sin embargo, el gerente, que declaró como testigo, cuestionó ante la juez que el Pacte hubiera justificado la operación, por un valor económico de unos 75 millones de euros, aportando un informe técnico, de una empresa externa, cuya extensión es de algo más de un folio. Por tanto, Orta se ratificó en que la operación, que consistió en comprar unidades ferroviarias sin la convocatoria de un concurso público, está rodeada de fundadas sospechas y por ello decidió entregar la documentación, que se ha traducido después en una denuncia, ante la fiscalía Anticorrupción.

El actual responsable de la empresa ferroviaria fue citado ayer a petición de la fiscal Ana Lamas, que quería conocer su versión, después de que los antiguos integrantes de la cúpula de transportes del Pacte presentaran un informe jurídico, inédito hasta ese momento, que avalaba la compra sin concurso. Orta, en su condición de denunciante, fue citado como testigo.

En el interrogatorio, el gerente de SFM explicó que decidió informar de estos hechos a la fiscalía, ante el dictamen de una auditoría externa que fue elaborada por la consultora Price Waterhouse Couper. En este informe se contradice el dictamen jurídico que consideraba legal la adquisición de este material ferroviario. El Pacte adquirió, según recordó Orta, once trenes triples, por valor de 75,8 millones de euros. El testigo cuestionó que se justificara técnicamente esta operación, alegando la dependencia técnica, con este escueto informe, en el que no aparecen ni cifras económicas ni comparativas. Además, recordó que el autor de este informe es un ingeniero de una empresa externa, que ha facturado nueve millones de euros por asistencia a SFM.

También cuestionó Orta que se compraran trenes aprovechando un contrato por la adquisición del material del metro. Mostró una fotografía a la juez, para demostrar que la maquinaria entre el tren y el metro no tenía ninguna semejanza. "Me cuesta mucho pensar que un contrato de una entidad suficiente como 75 millones de euros se pueda licitar a dedo, sin concurso público y por mucho que esté avalado por un informe técnico, que hace referencia a la dependencia técnica. No es una cosa normal", señaló Orta.

Para el gerente, precisamente, la dependencia técnica que alegó el Pacte para no convocar un concurso y comprar el material a la empresa que fabricó las unidades de metro, "no existía. Los trenes no se parecen unos a otros y si no existía la dependencia técnica, se debió convocar un concurso". Orta aclaró que no se sabrá si se habría ahorrado dinero si hubieran acudido varias empresas al concurso, pero cuestionó que el fabricante que construyó los trenes, también se encargó después de la asistencia técnica, presentando unos precios "fuera del mercado".

Orta explicó que ante las dudas planteadas por la Sindicatura de Comptes, que cuestionó la compra de material ferroviario sin un concurso previo, él firmó un informe en el que defendía la operación. Pero que lo hizo cuando el fabricante ya había entregado los trenes y "el mal ya estaba hecho", afirmó. Para el gerente de SFM lo incorrecto, ante el dictamen de la auditora que cuestiona la dependencia técnica de la operación, hubiera sido "esconder el informe en un cajón". Por ello, decidió poner en conocimiento de la fiscalía estos contratos ya que, a su juicio, la operación planteaba muchas dudas, por lo que no se arrepiente de haber denunciado estos hechos.

Orta aclaró que SFM ha conseguido un ahorro de 600.000 euros anuales en el mantenimiento de los trenes eléctricos gracias al concurso que se convocó.