El fiscal Pedro Horrach quiere que el cuñado del Rey pase casi dos décadas encerrado en la cárcel como presunto autor de un abanico de delitos relacionados con las actividades del instituto Nóos.

Por ello, propone en su escrito de acusación, de más de 500 folios de extensión, que Urdagarin cumpla una condena de 19 años y seis meses de cárcel (podría variar durante el juicio) al situarlo al frente de este proyecto empresarial con el que tuvo acceso al dinero de las arcas públicas, tanto de Balears como de Valencia. Y es por ello por lo que el fiscal le imputa los delitos de malversación, prevaricación, falsedad, fraude a la administración, blanqueo de capitales y delito fiscal. Además de la pena de prisión, también reclama la acusación que devuelva más de tres millones y medio de euros.

El fiscal detalla en su escrito que el duque de Palma, junto a su entonces socio Diego Torres, creó el Instituto Nóos con varios propósitos. Pretendieron con la cobertura que daba una empresa, que teóricamente no buscaba beneficios, acceder al dinero público y rodearse de un prestigio social.

Pero mientras el fiscal pide 19 años y seis de cárcel para Urdangarin, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, solicita que cumpla una condena de 26 años de prisión.

Dentro de la parte más alta de responsabilidad en la trama, el fiscal Pedro Horrach también sitúa a Diego Torres. Pide contra él una condena de 16 años y medio de cárcel. La única diferencia con Urdangarin es que a Torres se le imputa un único delito fiscal y al yerno del Rey dos delitos tributarios. En el resto, se sitúa a ambos en el mismo nivel de responsabilidad en la trama. Manos Limpias, en cambio, pide que Torres sea condenado a 22 años de prisión.

El fiscal, en su contundente escrito, desgrana todos los detalles de la trama y describe la responsabilidad de cada uno de los directivos. Aparta de la acusación a personajes que, hasta ahora, habían tenido un papel destacado en la investigación, como por ejemplo Miguel Tejeiro, asesor fiscal y cuñado de Torres, sobre el que pide que se archive su imputación.

Horrach también exculpa a Ana María Tejeiro, esposa de Torres, de todas las irregularidades cometidas a través de Nóos. Quiere que se siente en el banquillo, pero únicamente por un delito de blanqueo de dinero. La acusa de intervenir en la gestión del dinero que se ingresó en Luxemburgo. Por ello, el fiscal reclama una condena de dos años de prisión.

También premia el fiscal a Marcos Tejeiro, el arrepentido contable de Nóos, que decidió confesar los delitos cometidos en la trama. Le acusa de varios delitos, como malversación, blanqueo y estafa, y pide para él una pena de dos años de cárcel, lo que le proporciona la posibilidad de evitar su ingreso efectivo en la cárcel.

Anticorrupción ha limitado el número de imputados sobre los que pretende que sean condenados. No añade en su escrito de acusación los mismos nombres que fijó el auto de la Audiencia. De hecho, pide la desimputación, además de la Infanta y Miguel Tejeiro, de personajes como Alfonso Grau, Gerardo Corral, Salvador Trinchet o Miguel de la Villa. En cambio, considera el fiscal que varios de los directivos de Valencia que permitieron que Urdangarin accediera a los fondos públicos, sí deben responder penalmente de su actuación. Por ello, pide elevadas penas de cárcel para Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Velas o Elisa Maldonado. Para los cuatro antiguos altos cargos de la administración valenciana pide penas que van de los seis a los ocho años de cárcel.

También solicita una pena de seis años y medio de cárcel para Mercedes Coghen, la responsable del proyecto olímpico Madrid 16.

El escrito de acusación del fiscal y el de Manos Limpias se diferencia, además del criterio sobre la Infanta, en el número de imputados sobre los que se piden penas de cárcel. La abogada López Negrete, por ejemplo, reclama para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, una pena de once años de cárcel por malversación y fraude. También acusa al abogado Salvador Trinchet, implicado en la trama extranjera de Nóos, para el que pide tres años de prisión.

Tanto el Govern como la abogacía del Estado también presentaron ayer sus escritos de acusación.