Los acusados en el caso Nóos, y especialmente Iñaki Urdangarin y Diego Torres, deberán devolver casi 6,2 millones de euros al Govern balear, la Generalitat de Valencia y otras instituciones, en concepto de responsabilidad civil de sus delitos y si son condenados. El auto de apertura de juicio oral ordenará a los encausados que adelanten distintas sumas, cada uno en proporción a su presunta responsabilidad en la trama.
Castro ha de concretar, en vista de los escritos de acusación que serán entregados el próximo martes, quienes de los 20 imputados pasan a acusados. Se da por seguro que los duques de Palma y otros catorce encartados, que figuran como tales en el auto de fin de instrucción del pasado junio, pasarán a la condición de acusados. Las únicas dudas son los cuatro últimos imputados por la Audiencia, en su auto del 7 de noviembre. Castro tendrá que decidir si contra esos cuatro (Salvador Trinxet, Gerardo Corral, Miguel de la Villa y Salvador Grau) abre juicio oral o les exonera de responsabilidad.
Inicialmente Castro y el fiscal Pedro Horrach situaron las consecuencias del desvío de fondos públicos por el entramado Nóos en 8,2 millones de euros, una suma que fue reclamada únicamente a Urdangarin y Torres, como principales responsables de los hechos.
El duque de Palma y su exsocio recurrieron la millonaria fianza ante la Audiencia, que estimó parcialmente sus argumentos y ordenó restar de los 8,2 millones las cantidades en concepto de IVA abonadas por las sociedades de Nóos.
El magistrado recalculó la responsabilidad civil y la situó en 6,144 millones de euros. Después ordenó el embargo de los bienes conocidos del cuñado del rey Felipe VI y su antiguo socio.
Esa suma es la fianza para responsabilidades pecuniarias y comprende la devolución del dinero desviado, las multas, los recargos, las costas procesales, los intereses y otras posibles penas económicas.
En el auto de apertura de juicio oral se tendrán que establecer las posibles responsabilidades civiles de cada acusado, cantidades que deberán ser adelantadas antes de la celebración de la vista oral.
Hay futuros acusados, como la infanta Cristina, que no serán juzgados por el grueso de la presunta trama, sino únicamente por dos delitos puntuales. La duquesa de Palma afrontará una fianza superior a cuatrocientos mil euros por el dinero defraudado a Hacienda, más una multa y otros conceptos, pero quedará al margen de los 6,2 millones globales del caso.
Solo 144.000 euros
Otros implicados con una reclamación limitada son los tres altos cargos de la Fundación Madrid-16, que pagó 144.000 euros a Iñaki Urdangarin por captar votos para la candidatura olímpica de esa ciudad. Mercedes Coghen, Gerardo del Corral y Miguel Villa tendrán que reintegrar al Ayuntamiento de Madrid, en caso de condena firme, esa cantidad, más multas y recargos.
El juez José Castro acusó a Iñaki Urdangarin, en su auto para establecer la primera fianza, de prevalerse de su pertenencia a la Casa del Rey para desviar fondos públicos y obtener cuantiosos ingresos de empresas privadas. El instructor se inclinó por la fianza más elevada reclamada por Anticorrupción y Manos Limpias y postuló que los ocho convenios y contratos firmados por Nóos entre 2003 y 2007 eran nulos porque nacieron con un fin delictivo.
Esa tesis fue asumida por la Audiencia y obligará a los acusados a devolver los seis millones de euros que recibieron de Administraciones Públicas, a pesar de que los eventos o servicios contratados se hicieron.
Urdangarin, directamente o a través de terceros, encabezó los ocho proyectos con los que amasó casi seis millones de dinero público de los gobiernos de Valencia y Baleares. Todos estos contratos los consiguió por su condición de miembro de la familia real, sostuvo el juez.
Cada acusado deberá responder de los perjuicios causados por los contratos públicos en los que participó, tanto desde la parte administrativa, como la de Nóos.
