Eugenio Losada y Eugenia Cañellas, los arrepentidos que desvelaron la asociación delictiva creada por dirigentes y mandos intermedios de Unió Mallorquina para pagar a agentes electorales con fondos del Consell de Mallorca, irán a la cárcel si finalmente se materializa su acuerdo con la fiscalía. Anticorrupción reclama para ambos sendas penas de 2 años y 9 meses de privación de libertad, que muy probablemente tendrían que cumplir.
La jueza de instrucción 1o de Palma, Carmen Abrines acaba de abrir juicio oral en la pieza separada 13 del caso Voltor, la referente a las contrataciones de liberados y simpatizantes de UM en el Consorcio de Informática Local del Consell de Mallorca (Cilma).
Hay 18 acusados, encabezados por la expresidenta de UM y del Consell Maria Antònia Munar, a la que se considerada la "directora" de una asociación ilícita u organización criminal dedicada a desviar fondos públicos para beneficiar a ese partido. Munar, en prisión por otros casos de corrupción, afronta una petición de condena de 8 ó 10 años de cárcel, según las acusaciones.
En el segundo escalón de la red criminal estarían el trío formado por Miquel Àngel Flaquer, Miquel Nadal y Frances Buils, estos dos últimos también encarcelados. Los tres afrontan 7,5 años ó 10 años de cárcel, según la acusación.
En el tercer nivel se situarían, los dos arrepentidos, así como Antonia Vidal, Susana Mas, María José Rodríguez, Pep Lliteras, Mateo Cañellas, Cati Julve, Antonio Segura, María Esperanza Massanet, Coloma Castañer, Pedro Mir, Antonio Moragues y Lucas Colom.
Para estos acusados la fiscalía reclama condenas entre 2 años y 6 meses y 5 años y 10 meses.
Losada, defendido por Francisca Pol, y Cañellas, representada por Purificación Montalvo, están acusados de asociación ilícita (6 meses de prisión) y malversación y prevaricación (otros 2 años y 3 meses de privación de libertad). Esta última condena es la que, al superar la barrera de los dos años, es de cumplimiento obligatorio en caso de que la Audiencia revalide el pacto entre anticorrupción y las defensas.
Losada, gerente hasta febrero del 2010 del Cilma, ha aportado numerosas pruebas de la contratación de personas afines a UM y que nunca trabajaron para el consorcio.
Cañellas, que en su día facilitó a los investigadores, un completo informe con correos electrónicos, otros documentos y una pormenorizada agenda de todas las contrataciones irregulares, acusó al vicepresidente del Consell de Mallorca entre 2003 y 2007 Miquel Nadal de ser el jefe de la presunta red.
Según la arrepentida, varios dirigentes y cargos de UM le pidieron que colocara a dedo a sus protegidos, pero siempre la última decisión en esa materia pasaba por el conseller Nadal y su secretaria Antònia Vidal.
