El ingeniero que impulsó la denuncia de SFM contra la antigua cúpula de Transportes del Pacte, cuyos integrantes han sido imputados, llegó a defender en algunos momentos ante la juez la actuación del anterior equipo de gestión, hasta el extremo de asegurar que con la compra de trenes sin concurso previo no se ocasionó ningún perjuicio económico a la comunidad. El informe del técnico Miguel Ángel Sagreras era la piedra angular sobre la que pivotaba la denuncia presentada por la empresa SFM en Anticorrupción, que después se tradujo en una acción que terminó en el juzgado. Sagreras puso en duda que el anterior Govern adquiriera este material ferroviario, por el que gastó 75 millones de euros, basándose en que existía una dependencia técnica, que él cuestionaba. La compra de trenes se realizó aprovechando una opción de compra de un contrato para la adquisición de material de metro.
Sagreras declaró hace varias semanas en el juzgado. La fiscalía, que basaba su principal prueba en el informe de este técnico, pretendía que la juez escuchara su testimonio antes de citar a los representantes del Consejo de Administración de SFM. El testigo reconoció que la decisión de dicho consejo estuvo avalada por una serie de informes, en especial por tres ingenieros que determinaron que existía la dependencia técnica que justificaba esta operación.
El testigo, que en estos momentos ocupa un alto cargo en SFM, explicó a la juez que no se ratificaba en su informe, debido a que lo redactó sin haber analizado toda la documentación. Explicó que desde que la juez le llamó a declarar buscó documentos adicionales que le han llevado a una conclusión distinta.
En la denuncia presentada a la fiscalía, la empresa pública denunciaba que el Pacte no tuvo en cuenta que el ingeniero se negó a avalar la operación de compra. Sin embargo, Sagreras aclaró que existe otro informe de un ingeniero externo, que estaba en plantilla con una empresa que tenía un contrato de asistencia técnica de apoyo a SFM. En ese momento la empresa no disponía de ningún ingeniero industrial en plantilla, por lo que se tuvo que acudir a un técnico externo.
El técnico de SFM explicó a la juez que pese a que el Pacte compró otros trenes distintos a los especificados en el primer contrato, los modelos eran parecidos, hasta el extremo de que compartían las mismas piezas. Estos nuevos trenes, que costaron 75 millones de euros, iban a utilizarse en las líneas de Manacor y sa Pobla, ya que existía un proyecto para electrificar estos tramos. Sin embargo, estos proyectos no se llevaron a cabo por falta de financiación. Antes de iniciar las obras, el Pacte ya había comprado el material ferroviario, por lo que en estos momentos se tiene que utilizar en la línea hasta Inca para aprovecharse de estos nuevos trenes.
El ingeniero que declaró como testigo aclaró que la compra sin concurso de material de estas características tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, una vez analizada la operación y transcurrido el tiempo prudencial, se ha comprobado que la decisión no ha sido perjudicial para los intereses generales. También aclaró que, al pararse el proyecto de electrificación, no se pudo hacer lo mismo con el material que se había comprado al fabricante, por lo que se tiene que utilizar.
La fiscal Ana Lamas le cuestionó que no mencionara estos detalles en su informe. El técnico reconoció que en el momento de redactar el documento no disponía de todos los informes. Si hubiera sido así, sus conclusiones habrían sido distintas. Mañana están citados a declarar, entre otros, el exconseller Gabriel Vicens, el exgerente Jaume Jaume y el exdirector general Antoni Verger.
