La juez Ana San José tomó ayer declaración a tres de las cuatro personas que han sido imputadas a raíz de la denuncia que ha presentado la fiscalía Anticorrupción sobre las gestiones realizadas por la empresa pública Multimedia. Se trata de un proyecto dirigido por dirigentes socialistas en la anterior legislatura del Pacte, dedicado, sobre todo, al desarrollo de las nuevas tecnologías. En la declaración apareció el nombre de Antonio Manchado, actual senador socialista y antiguo consejero delegado de esta empresa pública, que se gestionaba bajo la presidencia formal del entonces conseller Albert Moragues.
La declaración de ayer respondió a la denuncia que formuló la fiscalía Anticorrupción, que cuestiona una serie de contrataciones impulsadas por esta empresa. Se investiga el destino de 329.000 euros de dinero público, que se usaron para contratar a empresarios próximos al PSIB, y el pago de estudios técnicos, cuya utilidad práctica se pone en duda. La fiscal Ana Lamas señala en su denuncia que incluso uno de los estudios, relacionados con la implantación del uso del coche eléctrico, se llegó a pagar dos veces y que una de ellas fue por resumir el primer informe.
La primera en declarar ante la juez Ana San José fue la antigua gerente de Multimedia, Gianniely Cucci, defendida por el abogado Llorenç Salvà. Se investiga si esta empleada de la empresa pública autorizó los pagos sin poner en duda la utilidad de los estudios que se habían contratado. Cucci explicó la forma de funcionar de la empresa y las distintas áreas que se gestionaban. Aclaró que ella se limitó siempre a cumplir las órdenes de los integrantes del consejo de Administración. Órdenes que le transmitían el consejero delegado Antonio Manchado o el entonces director general del Govern, José Antonio Santos Hierro, responsable de la coordinación de los proyectos estratégicos de la administración del Pacte.
La gerente dijo que siempre ejecutó las contrataciones que le indicaban los responsables políticos de la empresa pública.
José Antonio Santos, ex alto cargo del Govern, tuvo que explicar las razones de los seis contratos que está investigando la fiscalía. Negó que tuviera interés particular en una de las contrataciones que se realizó con una empresa en la que mantenía una relación comercial.
Santos asumió todos los contratos que se pagaron por orden suya y negó, como cree el fiscal, que se abonaran informes duplicados, como por ejemplo los que se hicieron sobre el asunto del coche eléctrico.
Estos contratos se impulsaron a través de negociados sin publicidad. Según fuentes jurídicas, el exdirector no fue muy convincente al intentar explicar que se contrataran a dos empresas distintas para que informaran sobre el mismo asuntos De hecho, la fiscalía cree que el segundo estudio no era más que un resumen del primer informe que se elaboró sobre este coche.
La juez también citó a declarar a un empresario, al que la empresa pública de tecnología regó con varios contratos que, en total, sumaron más de 170.000 euros, abonados con dinero del Govern. Este empresario, Llorenç Vives, mantenía una relación comercial con el director general a través de una empresa inmobiliaria. Por ello, la fiscalía cuestiona que Santos Hierros otorgara este contrato, precisamente, a una persona con la que había mantenido una relación empresarial. El contrato correspondía a un informe sobre las oportunidades de internacionalización de las tecnología y la mayor parte del estudio, que consta de 200 páginas, son un "corta y pega" de una página oficial de la Casa Blanca. A preguntas de la fiscal, el empresario señaló que el trabajo se había realizado y defendió la calidad del estudio. Sobre el posible plágio, aclaró que estos documentos de la Casa Blanca eran un anexo al estudio, pero que no formaban parte del núcleo central del trabajo.
La fiscalía también ha solicitado la imputación del histórico dirigente socialista de Calvià, Francisco Cano, padre de la actual presidenta de la Federación Socialista de Mallorca. Cano, que en su momento fue un estrecho colaborador del senador Manchado, fue contratado varias veces por la empresa Multimedia. Uno de los trabajos que realizó se facturó a través de la productora audiovisual Video U, sobre un proyecto para instalar las antenas TDT por los pueblos. Cano no pudo declarar porque su abogado no acudió al juzgado.
