Luis y Jaime García Ruiz, arquitectos del velódromo público Palma Arena, han admitido haber cometido un delito fiscal a través de su empresa GR-1, que utilizaron para cobrar sus honorarios por aquella obra. Los hermanos García Ruiz han aceptado una pena de seis meses de prisión y el pago de los 169.200 euros defraudados a Hacienda, 118.000 euros de multa, más otros 72.000 euros en costas e intereses.
El juez Castro dictó ayer la apertura de juicio oral de la pieza separada 26 del caso Palma Arena, donde se investigaba a los García Ruiz por un presunto delito fiscal en GR-1. El juez señala que la vista oral se hará ante un juzgado de lo penal, pero el juicio no llegará a celebrarse debido a la conformidad de los acusados.
Los dos arquitectos han pactado con la abogacía del Estado una sentencia de conformidad, acuerdo que también se hace extensivo a la fiscalía anticorrupción.
Los dos hermanos crearon GR-1 en 1992 para redactar proyectos y otros trabajos de arquitectura. Ambos son los únicos socios y administradores de la sociedad y por esa condición han sido acusados de delito fiscal.
Según Hacienda, GR-1 recibió en 2007 únicamente fondos del contrato firmado en mayo del 2006 para la construcción del Palma Arena y llegó a ingresar más de un millón de euros que fueron contabilizados como inversiones financieras.
Los acusados han reconocido que sacaron de la empresa unos 470.000 euros cada uno, que fueron contabilizados como préstamos, pero que, en realidad, fueron parte de sus honorarios.
La empresa debería haber descontado de esas sumas unos 84.000 euros a cada hermano, en concepto de retenciones de IRPF y no lo hizo. De ahí nace el delito fiscal admitido: los 169.2000 euros defraudados a Hacienda.
Los hermanos ya han consignado en el juzgado esa suma y únicamente les queda por entregar 20.000 euros de costas de la Abogacía del Estado y otros 52.000 euros en intereses de demora.
La empresa no hizo en 2007 ninguna declaración a Hacienda por retenciones de IRPF y sí que pagó por el impuesto de sociedades.
Los encausados sacaron el dinero de su entidad mediante cheques, pero la operación fue contabilizada como un préstamo de GR-1 a sus propietarios.
La Abogacía del Estado mantenía que ese préstamo era simulado y que su objetivo era ocultar el dinero que los arquitectos habían recibido de su empresa.
Se trata de la segunda pieza separada del caso Palma Arena que acaba en una sentencia de conformidad, la primera fue una donde los acusados fueron el exgerente del velódromo, Jorge Moisés, y la antigua jefa de gabinete en la conselleria de Vicepresidencia, Jane King. Jorge Moisés fue condenado a 2 años de prisión, tras declararse culpable de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad por haber recibido una dádiva de 12.000 euros públicos, dinero que devolvió. King fue condenada a un año y seis meses de cárcel.
