Hace algunos días el informe de Cáritas sobre exclusión social hizo tambalear la imagen de Balears como comunidad con una fortaleza económica superior a la media estatal. Según este estudio, un 27,5% de los residentes en el archipiélago se encuentra en situación de exclusión, severa o moderada, frente a la media estatal del 25,1%. O lo que es lo mismo, estamos ante un problema que afecta a 306.000 residentes en el archipiélago.

¿Qué supone este dato? Fundamentalmente, que la crisis económica ha agravado tanto el número como la intensidad de los problemas que padecen las familias de Balears, aunque una buena parte de las personas en esta precaria situación ya la sufrían incluso durante los años de bonanza, prueba de las debilidades del modelo económico.

Guillermo Fernández, uno de los componentes del servicio de estudios que ha realizado este trabajo, subraya que el documento de Cáritas no habla de personas ´en riesgo de exclusión´, sino de individuos que han caído en este problema. Y la diferencia radica en que los datos que se analizan van mucho más allá de la situación económica.

Así, entrar en una situación de exclusión social, moderada o severa, depende en opinión de Cáritas de algo más que del dinero que se ingresa en el hogar: la clave está en el número de problemas que registra esa persona y en la gravedad de los mismos.

Situaciones de Balears

Guillermo Fernández pone varios ejemplos. Dos personas pueden ganar el mismo sueldo. Pero si ambas se ponen enfermas, la situación de la que tiene a un familiar que le cuide o de la que vive sola no es la misma. La primera puede recibir ayuda sin elevar su gasto, mientras que la segunda puede precisar de unos cuidados y no poder hacer frente a ese desembolso, lo que implicará una atención inadecuada. Es decir, la segunda puede tener mayores problemas de exclusión ganando lo mismo que la primera. Y en este apartado, se recuerda que la tasa de personas que viven solas en el archipiélago es superior a la media española

Un segundo ejemplo. Dos parejas en las que en ambos casos uno de sus miembros se ha quedado en el paro pueden padecer problemas muy diferentes ante esta pérdida de ingresos a la hora de hacer frente a los gastos del hogar dependiendo de la zona de España en la que residan. Y en este aspecto se recuerda que el precio de la vivienda (y consecuentemente de las hipotecas) o los alquileres son mayores en las islas que en otras comunidades autónomas. Lo que implica que el riesgo de que un balear pierda su vivienda y se encuentre en la calle es más alto que la media estatal.

Además, el informe de Cáritas desvela otros problemas. En las islas, los salarios que se abonan en la economía sumergida son mucho más bajos y hacen que el riesgo de exclusión de las personas que viven en ese contexto sea superior.

A todo ello hay que sumar otra clave, apuntada tanto por Guillermo Fernández como por una de las coordinadoras del equipo de acción de base de Cáritas Mallorca, Raquel Ríos: en las islas, la estructura de solidaridad es más débil que en otros puntos del país, con una menor recepción de auxilio por parte de las personas del entorno. Ríos afirma que este problema es menor entre el colectivo inmigrante, que se respalda mutuamente de una forma más sólida, frente a un mayor aislamiento de los naturales del archipiélago.

También los problemas de atención sanitaria influyen a la hora de caer dentro de la exclusión, y en este sentido Raquel Ríos recuerda que en las islas existe un elevado colectivo de extranjeros subsaharianos a muchos de los cuales se les ha retirado la tarjeta sanitaria.

Y a todo lo expuesto se suma un hecho destacado tanto por Cáritas como por Cruz Roja: la recuperación del mercado laboral balear se está sustentando en parte en la proliferación de contratos a tiempo parcial (por unas pocas horas al día) que suelen ir acompañados de salarios muy bajos que no permiten atender todos los gastos básicos. Lo que se ha dado en llamar el colectivo de ´trabajadores pobres´.

La coordinadora de Cáritas lamenta también algunas reformas recientes que han limitado el acceso a prestaciones y ayudas, pero muy especialmente el absurdo que supone el solicitar una subvención económica para el cuidado de un anciano o un enfermo, y que ésta tarde meses en autorizarse, hasta el punto de que ésta llegue cuando esa persona ya ha fallecido. Algo que no resulta excepcional.