El exportavoz parlamentario de Unió Mallorquina, que está en prisión cumpliendo varias sentencias por corrupción, volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados, no por su actuación política, sino por su intervención en un pleito como abogado. El fiscal solicita contra él una condena de un año de prisión, si bien el exconseller de UM se negó a contestar a las preguntas, ni de la acusación ni la defensa. Los hechos están relacionados con un pleito entre un empresario y una compañía petrolera. Un juez de primera instancia de Palma otorgó a la empresa la explotación de la gasolinera. Para evitar que la sentencia se ejecutara, el empresario impulsó una serie de maniobras procesales para no perder el negocio. Intentó, aunque sin éxito, que saliera a subasta su propiedad. Llegó incluso, con la intervención de varios abogados, a denunciar al juez y le pidió una millonaria indemnización. El fiscal retiró la acusación contra otro abogado, que impulsó la demanda, por una grave dolencia.
