El Govern aprobó ayer el decreto ley de modificación de la actual legislación de ordenación farmacéutica balear, a partir del cual la dirección general de Farmacia elaborará un catálogo con el número de boticas que hay en la actualidad y las que podrán autorizarse de acuerdo a los nuevos criterios, que rebajan el número de habitantes y, por lo tanto, el número de farmacias permitidas. De este modo, se "revisarán a la baja" las 50 farmacias nuevas autorizadas en la actualidad, según explicó el conseller de Salud, Martí Sansaloni. El Ejecutivo balear estaba frenando estas adjudicaciones hasta el punto de que hace un mes el TSJIB había tumbado su último intento para evitar la apertura de boticas, desestimando el recurso del Govern para impedir la adjudicación de tres en Palma y una en Binissalem, lo que le obligó a sacar estas cuatro a concurso.

A pesar de que el catálogo conllevará un recorte de estas 50 nuevas farmacias, Sansaloni aseguró que en el primer semestre del próximo año se convocará el concurso para la adjudicación de al menos el 80 por ciento de nuevas boticas que permita el catálogo. "La voluntad es la de convocar el mayor concurso de adjudicación de farmacias que se ha hecho nunca en Balears", sostuvo el conseller quien recordó que las 50 autorizadas están pendientes desde 2010, cuando se adjudicaron 18.

Desde que en 1998 se aprobó la actual ley de ordenación farmacéutica de Balears, se han adjudicado 56 nuevas boticas, según los datos expuestos ayer por Sansaloni quien precisó que 2005 fue el año en el que salieron a concurso más oficinas, con un total de 21. Por lo tanto, la convocatoria del próximo año supondrá la apertura de más de 21 nuevas boticas aunque menos de 50. En la actualidad hay 436 oficinas de farmacia en las islas, de las que 350 se encuentran en Mallorca.

El decreto ley aprobado ayer, que será tramitado como proyecto de ley en el Parlament, rebaja los criterios demográficos para autorizar nuevas farmacias. Los utilizados hasta ahora "sobreestimaban en unas 80.000 personas" la población estable y flotante de Balears, según Sansaloni. Desde hace 16 años se utilizaba el criterio de que cada segunda residencia estaba ocupada por una media de cuatro personas, mientras que la nueva normativa vincula la determinación de este dato a la cifra media de ocupantes por vivienda que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en estos momentos se cifra en 2,58 personas de media por segunda residencia. Además, quedarán excluidas del cómputo las que se encuentren deshabitadas durante un año.

Así, el decreto ley marca dos módulos poblacionales, el general por el que se establece una oficina de farmacia por cada 2.800 habitantes, calculando la población con los datos del INE, y el estacional por el que se establece una botica por cada 3.500 habitantes estacionales (turistas o de segunda residencia). Con estos criterios, la dirección general de Farmacia elaborará de oficio cada cuatro años un catálogo farmacéutico, tras el cual se convocará un concurso para adjudicar un mínimo del 80 por ciento de las oficinas de farmacia vacantes que establezca.

Sansaloni justificó el que se fije un mínimo del 80 por ciento, en lugar de que sea obligatorio sacar a concurso la totalidad de las autorizadas, en que es conveniente dejar un pequeño número sin adjudicar para regular la oferta de modo gradual o atender necesidades imprevistas. El catálogo para el concurso del próximo año comenzará a elaborarse la próxima semana.

Junto a ello, resaltó la introducción de medidas para "evitar la especulación" con las boticas. Así, por ejemplo, no podrán presentarse a los concursos para nuevas adjudicaciones los farmacéuticos que hayan vendido o traspasado la titularidad de una botica durante los siete años anteriores a la convocatoria del concurso. Además, el adjudicatario de una farmacia no podrá venderla o transmitirla durante los diez años posteriores a la fecha en la que ganara el concurso, frente a los tres años de permanencia obligatoria al frente de la botica que rige en la actualidad.

Además, explicó que el decreto ley mantiene el "modelo mediterráneo" de planificación, de tal modo que, frente al sistema liberalizado de países anglosajones, la administración regula un número de boticas en función de la población teniendo en cuenta que también los residentes de pueblos pequeños dispongan de un despacho de farmacia cerca. Así, la normativa contempla que deberá haber al menos una farmacia por municipio.