El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, reiteró que en la concesión del tercer grado penitenciario o régimen abierto al expresidente balear y exministro Jaume Matas "se observó la legalidad" y no fue un acto "gracioso ni arbitrario", ni supone ningún privilegio.

Yuste compareció, a petición propia y de algunos grupos parlamentarios, en la Comisión de Interior del Congreso para explicar la concesión del tercer grado a Matas, que ingresó en julio en la cárcel de Segovia para cumplir una pena de nueve meses por tráfico de influencias.

Según Yuste, que repasó la legislación penitenciaria en esta materia, cinco de los ocho miembros de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia votaron en contra del tercer grado, por lo que al no haber unanimidad se aplicó la ley y fue él quien dictó la resolución.

El máximo responsable de Prisiones aludió a los informes de los técnicos para justificar ese tercer grado e, incluso recordó que los miembros de la Junta de Tratamiento que votaron en contra consideraron que Matas estaba reinsertado, con una familia formalizada, con un trabajo y con contactos sociales, que "siempre ha tenido y los tendrá".

La propuesta para que Matas accediera al tercer grado se presentó el 25 de septiembre y el centro resolvió el 29 de octubre, cuando el condenado había cumplido un tercio de la pena.

Los plazos para resolver la nueva clasificación respondieron a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Penitenciario, ha dicho Yuste, que ha subrayado que su resolución final fue dictada por "competencia" y estaba "motivada y revestida" de las normas legales.

Yuste quiso dejar claro que la resolución que dictó es "escrupulosamente respetuosa con la legalidad y que tomó en cuenta las circunstancias que expusieron todos los miembros de la Junta de Tratamiento, tanto los que votaron en contra como a favor.

Añadió que tuvo en consideración la duración de la pena, el medio social al que retorna el condenado, sus circunstancias personales y penitenciarias y su capacitación para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad, entre otros motivos.

También indicó que, en todo caso, se ha respetado "el principio de individualización científica previsto en la ley".