El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach está planeando un último intento para evitar que la infanta Cristina sea juzgada por dos delitos fiscales, no como autora, sino como cómplice. La iniciativa pasaría por presentar un recurso de súplica contra el auto que comunicó el pasado viernes la Audiencia de Palma, en el que se confirma la imputación de la hermana del Rey. Sin embargo, según algunos expertos, existen dudas de que legalmente el fiscal pueda presentar un recurso contra este auto en el momento procesal en el que se encuentra la instrucción del caso Nóos.
Horrach cuestiona la interpretación que la Audiencia ha realizado de la denominada doctrina Botín. No está conforme con que se le otorgue al juez la libertad de aplicar o no esta doctrina, porque entiende que es de obligado cumplimiento, pues así lo marcó el Tribunal Supremo. Esta doctrina, que no hace más que interpretar un determinado artículo de la ley procesal, limita la acusación en un delito tributario a Hacienda -a través de la abogacía del Estado- o al fiscal. Horrach considera que esta doctrina impide que un imputado, en este caso la infanta Cristina, se siente en el banquillo cuando únicamente la persigue la acusación popular, porque no es directamente perjudicada por el delito fiscal. Cree que procesalmente no se justifica llevar a juicio a Cristina de Borbón cuando la única acusación que se ejerce sea la del sindicato Manos Limpias, que ya ha anunciado que, además de acusar, solicitará una pena suficiente para que la mujer de Iñaki Urdangarin termine entrando en la cárcel.
Mismo criterio de Hacienda
Anticorrupción siempre ha negado que existiera delito fiscal en la actuación de la Infanta a través de Aizoon, porque considera que el socio no administrador de la sociedad no es el responsable de que se utilice la sociedad para cometer irregularidades tributarias. Una línea argumental que coincide con el criterio de los inspectores de Hacienda de Barcelona, que han reiterado que nunca se ha perseguido a los socios de las empresas que son utilizadas para engañar al fisco, sino que la responsabilidad únicamente se centra en el administrador de la sociedad.
Sin embargo, ni el juez Castro ni ahora los tres magistrados de la Audiencia han coincidido con este criterio técnico de Hacienda, sino que consideran que existen indicios de que la Infanta ha podido favorecer que su sociedad se utilizara para cometer estos delitos fiscales y que, como socio, no lo impidió.
El auto de la Audiencia otorga al juez Castro una total libertad de criterio para que aplique o no la llamada doctrina Botín, que es en definitiva el nudo gordiano que determinará si finalmente la Infanta se sienta o no en el banquillo de los acusados. En medios jurídicos se coincide en que sería absurdo que en estos momentos, cuando el juez Castro ha llegado tan lejos con respecto a la hermana del Rey, ahora la exculpe e impida que sea una de las acusadas en el juicio del llamado caso Nóos. Por tanto, se da casi por seguro que no aplicará la doctrina Botín, asumirá los razonamientos que le marca la Audiencia de Palma y obligará a la duquesa de Palma a estar presente en el juicio. Después ya se verá si en las cuestiones previas que se plantearán con toda seguridad al inicio de la vista el tribunal las acepta y ordena a la hermana del Rey que abandone este banquillo de los acusados.
En la fiscalía no ha sentado bien que el tribunal de la Audiencia cuestionara que Horrach recurriera el auto del juez Castro cuando decidió imputar a la Infanta. Los tres magistrados consideraron que el fiscal debió limitarse a anunciar que no iba a acusar a Cristina de Borbón de delito tributario, pero no presentar un recurso contra la decisión impuesta por el juez Castro. Este escrito de súplica podría presentarse esta misma semana.
