El Govern aprobó el pasado mes de agosto el anteproyecto de ley de Racionalización y Simplificación del Ordenamiento legal. Se trata de una norma que pretende fusionar 10 leyes, 11 decretos y derogar 223 decretos y anular dos leyes más. Este conglomerado normativo es el que ha generado la polémica entre Govern y Consell Consultiu. Los juristas cuestionaron algunos aspectos del método elegido, como es el caso de que la fusión no se realizara por materias. Quien ha elaborado la norma es el Institut d’Estudis Autonòmics, perteneciente a la conselleria de Hacienda. El objetivo esgrimido es “mejorar la coherencia del ordenamiento normativo, simplificar normas existentes y facilitar el acceso de la ciudadanía a una normativa legal integrada”.

Entre las leyes que son objeto de fusión destaca la de Espacios Naturales y Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección, la Ley del Canon del Agua, Ley de Ordenación de Emergencias, Ley de Ordenación Farmacéutica de Balears, Ley de Patrimonio Histórico, Ley de Directrices de Ordenación Territorial y La Ley de Salut de Balears.

Las que se derogan es la Ley del Suelo de 1988 y la Ley de Tasas para la Inspección y Control Sanitario de Carne Fresca.