En el año 1998 el entonces president del Govern del PP, Jaume Matas ideó, dirigió y lideró, una trama para, con fondos públicos, captar votos de emigrantes baleares en Argentina y Uruguay para su partido en Formentera y con ese truco garantizarse la mayoría absoluta, sostuvieron en julio de 2005 tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un voto particular minoritario sobre el caso Mapau. Dieciséis años después el Tribunal Supremo ha ratificado la condena, por una simple falsedad documental, de tres funcionarios (Rosa Grijalba, Juan Fortuny y Ángel Gallego) de aquel Govern que son, con mucho, la parte menos culpable del entramado.
Uno de los grandes desengaños de la Justicia (tanto del Tribunal Superior como del Tribunal Supremo) ha sido el caso Mapau: a pesar de la enormidad de indicios en su contra no quiso imputar a Jaume Matas y Rosa Estarás, que a finales de los 90 era la número dos del Govern.
Resumir qué fue la operación Mapau es muy difícil, máxime si se tira de hemeroteca y se repasan las decenas de informaciones publicadas sobre el caso. Pero el objetivo de Matas tenía un nombre: la isla de Formentera, donde en 1999 apenas 3.973 electores tenían que elegir un escaño capital para conseguir la mayoría absoluta en el Parlament.
El plan, desvelado por este diario, fue inscribir masivamente en la isla, a través del censo electoral de residentes ausentes (CERA), a decenas de emigrantes baleares en Suramérica y canalizar sus votos hacia el PP. Se consiguió censar a 73 argentinos, pero la trampa se descubrió antes de las elecciones del 99 y Matas perdió el poder.
La máquina del pucherazo debía girar en torno a Maria de la Pau (Mapau) Segura, que fue contratada en 1998 por los ahora condenados para ser traductora del Institut Balear de Desenvolupament Industrial (IBDI), una tapadera para encubrir su rol de agente electoral del PP en las casas baleares de Suramérica. Precisamente esa contratación, y en concreto una falsa entrevista de trabajo, es el delito que tanto quebrantos ha costado a los tres funcionarios.
Doce imputados
La denuncia del presunto pucherazo partió de tres partidos de la oposición: PSOE, PSM e IU, que designaron en 1999 como abogados acusadores a Ascensión Joaniquet y Miquel Àngel Mas.
Los esfuerzos y sinsabores de ambos letrados no sirvieron para que los principales sospechosos de la manipulación electoral se sentaran en el banquillo.
En Mapau llegó a haber hasta doce imputados, encabezados por Josep Juan Cardona, conseller de Matas a finales de los 90 y presidente del IBDI y ahora encarcelado para cumplir una condena de 16 años de cárcel por el caso Scala; Antoni Pastor, responsable de las casas de Balears en los meses previos a las elecciones del 99 y hoy uno de los líderes del PI; y Miquel Segura, exresponsable del gabinete de prensa en la conselleria de Presidencia y padre de María de la Pau Segura, que también estuvo encausada.
Pero el caso salpicó a otros personajes, como Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con Rajoy y en la época de autos responsable del censo electoral, y Pere Rotger, que llegó a presidir el Parlament balear, ahora está imputado en el caso Over y fue gerente del IBDI. Ambos declararon como testigos.
Matas, en abril del 99 y nervioso porque sus agentes electorales no conseguían engordar el CERA de Formentera, llamó personalmente a Montoro por teléfono para agilizar esas inscripciones.
Mapau tuvo su puntilla en el auto que una sala de la discordia del TSJB, formada por siete magistrados, dictó el 29 de julio del 2005 archivando el grueso del sumario y dejando vivo únicamente el minúsculo fleco de la contratación de Mapau. Cuatro magistrados exculparon abiertamente a Matas y a Estarás y rechazaron la existencia de una trama. Otros tres emitieron un voto particular en las antípodas del mayoritario: Matas y Estarás eran los directores de orquesta y Mapau constituyó un grave ataque al sistema democrático de votaciones.
Matas se creció con su exculpación en Mapau y en el caso Bitel, donde era sospechoso de espiar el correo electrónico de un alto cargo socialista. Con el devenir de los años, recuperó el Govern entre 2003 y 2007 y cometió un rosario de presuntos delitos, que en parte está purgando en centros penitenciarios.
Volviendo al voto particular de la sala de la discordia en el Tribunal Superior, Mapau fue "un plan programado y orientado a captar voto adicto y concentrarlo, de manera torticera, donde pudiera proporcionar mayores réditos electorales" y existían una pluralidad de indicios que apuntaban a los señores Matas y Estarás como diseñadores, directores y ejecutores del citado plan.
