La paralización desde hace algunos años de varios importantes casos contra tramas de presunta corrupción está beneficiando a los imputados, que, de llegar el asunto a juicio, podrían reclamar una rebaja en sus condenas por dilaciones indebidas.
Entre los sumarios inactivos de corrupción más importantes se encuentran los casos Ayudas, una presunta trama de clientelismo hacia entidades próximas a Unió Mallorquina; la pieza principal del Palma Arena y otras secundarias; Puertos, donde se investigan concursos y posibles cohechos en el ámbito de la Autoritat Portuària de Balears; y Bomsai, el presunto desvío de fondos de la empresa pública Caib Patrimoni S.A., dedicada a la promoción inmobiliaria.
El caso Ayudas se inició en 2006. Ocho años después ya está prácticamente instruido y se halla pendiente de que la fiscalía redacte su escrito de acusación.
El Palma Arena nació dos años después, en 2008, y se dividió posteriormente en 27 piezas separadas, varias de las cuales han permanecido inactivas casi desde su apertura.
El fleco más importante, y que más tiempo ha robado a los investigadores, es el caso Nóos, pendiente ahora de ratificar la imputación de la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin, y otras personas.
Las pesquisas de Nóos, y otras piezas como Over, han impedido que la pieza principal, donde se investigan los descuadres millonarios entre el presupuesto del velódromo público y su coste real, avance. Con el fin de Nóos, el resto de subcausas se reactivarán.
Bomsai se inició en 2010 y versa fundamentalmente sobre la construcción de la conselleria de Salut y del Parque Central de Bomberos de Palma. Desde hace dos años el caso está parado.
Puertos también estalló en 2010 y desde 2011 no ha presentado hitos procesales destacados.
Imputación eterna
Los tiempos muertos en la instrucción no atribuibles a los recursos de las defensas cuentan a favor de los futuros acusados, que en un hipotético juicio podrán alegar dilaciones indebidas contrarias a un proceso ágil.
La otra cara de la moneda es que varias decenas de personas llevan arrastrando la condición de imputadas sin que su situación procesal se despeje, tanto para pasar a acusados, como para ser exculpados.
La fiscalía anticorrupción es la encargada de formular la petición de condena para los acusados. En caso de acuerdos de conformidad esas peticiones de pena se rebajan, aplicando atenuantes como colaboración con la Justicia o dilaciones indebidas, si es que se han producido estos retrasos injustificados. Las defensas también pueden solicitar a los tribunales una condena más leve, atendiendo a esos largos períodos de inactividad de las causas.
La lista de imputados en estos casos dormidos es muy larga: exaltos cargos del Govern de Jaume Matas o del Consell de Maria Antònia Munar, empresarios mallorquines y madrileños, antiguos responsables de la Autoritat Portuària de Balears, funcionarios, técnicos, etc.
El exceso de trabajo de anticorrupción, integrada en Balears por 4 fiscales, y los cambios de jueces en algunos juzgados contribuyen en parte a las demoras. Los fiscales anticorrupción tienen una cuádruple actividad: estudiar las denuncias nuevas que les llegan y preparar, en su caso, las operaciones policiales para desmantelar las redes; asistir en los juzgados a los interrogatorios de imputados y testigos y redactar decenas de informes relativos a la instrucción de los casos; elaborar los escritos de acusación y preparar y asistir a las vistas orales.
La fiscalía lo admite
La última Memoria Fiscal, presentada hace unas semanas, admite que las demoras en la tramitación de casos de corrupción están beneficiando a los implicados en esas tramas.
El reconocimiento viene por parte de la fiscalía anticorrupción de Málaga, una de las provincias más castigadas por esta modalidad delictiva, pero puede hacerse extensivo al resto de España.
