Dos años y dos meses después de su recuperación, el certificado de residencia desaparece. Y su fecha de defunción es el próximo sábado, día 1 de noviembre, según informó ayer el Ministerio de Fomento. Esto significa que, con la excepción de los menores de 14 años que carezcan de Documento Nacional de Identidad, los ciudadanos de Balears ya no necesitarán portar el certificado de empadronamiento en sus respectivos municipios para viajar en barco o en avión y beneficiarse de la bonificación en el precio del billete.

Los canales de venta de compañías aéreas y navieras, así como los diferentes operadores de reservas, sin excepción, deberán permitir a partir del sábado la consulta telemática de la condición de residente no peninsular que otorga el derecho a percibir una subvención sobre el importe del billete de transporte, indicó ayer el Gobierno.

Hasta ahora, aunque algunas compañía ya habían instalado el sistema telemático, se exige mostrar en el aeropuerto o puerto el certificado de residencia para poder beneficiarse del descuento del 50 por ciento al que tienen derecho los ciudadanos de Balears.

Fomento precisó que a partir del sábado dicha consulta sobre la residencia se realizará a través del sistema de acreditación de residencia automático denominado SARA, desarrollado por el Ministerio y al que las compañías aéreas y navieras, así como sus respectivos sistemas de reservas, se han ido integrando de forma progresiva desde octubre de 2012.

Según Fomento, el sistema SARA, ante posibles fallos técnicos de su propia configuración, dispone de una solución de contingencia con la que se puede seguir validando a los pasajeros residentes que hayan tenido una validación positiva previa en los seis meses anteriores.

La puesta en marcha de este sistema telemático de validación de la residencia se ha ido demorando desde el año 2013. Primero se anunció su puesta en marcha en abril del año pasado y al final se fijó la fecha del 1 de noviembre de 2014, extremo que confirmó el propio Ministerio de Fomento al Parlament el pasado 1 de octubre, cuando el diputado del PP Carlos Veramendi informó a la cámara que la obligación de los baleares de viajar con el certificado de empadronamiento desaparecería el 1 de noviembre.

Cuando se anunció su recuperación, a principios de julio de 2012, para imponer la obligatoriedad a partir del 3 de septiembre, las críticas del sector aeronáutico, oposición política y ciudadanos sonaron con gran fuerza.

Los ciudadanos, según opiniones recogidas por este diario, pensaban que el gasto iba a ser mayor que el fraude que se pretendía atajar y que la medida no tenía sentido en ese momento.

Y el 3 de septiembre de 2012, día de la entrada en vigor de la obligatoriedad de llevar el certificado, la burocracia y el papeleo no causaron retrasos en Son Sant Joan, pero muchos despistados que se olvidaron de portar el documento se quedaron en tierra, mientras que otros optaron por pagar y volar. Ante el descontento y la situación de caos de los primeros momentos, multiplicada por las dificultades que tuvieron los ayuntamientos para expedir los certificados a través de internet y en los despachos municipales, el ministro de Fomento, José Manuel Soria, pidió disculpas públicas a la ciudadanía. "Pido perdón en nombre del Gobierno por las tremendas incomodidades para los residentes insulares", manifestó.

Los problemas municipales para expedir los certificados por vía telemática han continuado en Palma hasta el último momento, pues la mayoría de municipios de Mallorca no han contado con este servicio, obligando a los ciudadanos a acudir a las oficinas municipales a expedir el documento o en el mejor de los casos a buscar una clave para poderlo hacerlo a través de internet. Ahora, dos años y dos meses después, todos esos trámites previos al viaje desaparecen.