Un juez ha decidido congelar un pleito que se tramita en un juzgado de Palma, planteado por un vecino que exigía que la entidad financiera Bankia le devolviera los 60.000 euros que invirtió en la compra de acciones, debido a que la información financiera que le facilitaron era errónea. El magistrado decidió paralizar la resolución de la demanda, porque en la Audiencia Nacional se está tramitando en estos momentos una querella criminal, en la que se investiga si los directivos de la entidad, entre ellos Rodrigo Rato o Miguel Blesa, cometieron algún delito al falsificar la situación real del banco. Hasta que la Audiencia Nacional no dicte sentencia sobre esta querella (y puede tardar muchos años en resolverla), la demanda que se tramita en el juzgado de Palma quedará paralizada. Por tanto, de momento este vecino de Palma no podrá recuperar su dinero, en el hipotético caso de que el juez le de la razón. Esta decisión del juez de primera instancia ha sido además confirmada por un tribunal de la Audiencia de Palma, que recuerda que una actuación penal tiene preferencia frente a una demanda civil.

El perjudicado realizó en el mes de junio de 2011 una compra de 16.000 acciones de Bankia, por un importe de 60.000 euros. Al inversor se le facilitó una información financiera detallada en un folleto, que le fue entregado por un empleado de la entidad, que explicaba el proceso de salida a Bolsa de la antigua caja de ahorros de Madrid. El cliente pagó un precio de 3,75 euros por acción, que en estos momentos prácticamente no valen nada. La información que le facilitaron al inversor era errónea. Nadie le comunicó que los balances que presentaba Bankia eran falsos, ni que la entidad que salía a Bolsa estaba en bancarrota. De hecho, según se señalaba en la sentencia, los directivos de la caja habían mentido al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores al sostener que la situación financiera de Bankia era solvente. La realidad era muy distinta, porque el banco estaba en quiebra, tal como se demostró después cuando el Estado tuvo que salir a su rescate, con una inversión de más de 20.000 millones de euros.

La sentencia dictada en Palma explica que en estos momentos se está instruyendo un caso en la Audiencia Nacional, por el que se pretende aclarar si los directivos de Bankia alteraron y ocultaron la verdadera situación económica de la entidad, de tal forma que engañaron a cientos de inversores que han perdido sus ahorros en la compra de estas acciones. Los jueces consideran que la resolución de este caso penal podría afectar a la demanda civil que se tramita en el juzgado de Palma. Por ello, la Audiencia paraliza dicho pleito. El tribunal recuerda que la ley establece que si existe una cuestión prejudicial penal, de la que no puede prescindir el juez al condicionar su decisión sobre una demanda, se debe suspender el procedimiento. En este caso, esta suspensión afecta únicamente a la demanda de este inversor mallorquín, que no acusa a ningún directivo de Bankia de estafa, sino que únicamente pretende que la entidad le devuelva el dinero que invirtió, porque la información que disponía era falsa.

La Audiencia de Palma, al resolver este caso, insiste en que la acción penal que se está instruyendo en Madrid contra los directivos de Bankia, para aclarar si aportaron datos falsos en el proceso de salida a bolsa, obliga a suspender el procedimiento civil que se sigue en los juzgados de sa Guerreria. Una demanda que no se resolverá hasta que no concluya el proceso penal.