No son 23 sino 35 los millones de euros que finalmente necesitará la Conselleria dirigida por Martí Sansaloni para hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores del Servei de Salut de aquí a final de año, señalaron fuentes de este departamento.

Con esta precisión, la Conselleria quiso matizar las cifras aportadas el pasado domingo en DIARIO de MALLORCA por el portavoz adjunto socialista Vicenç Thomàs, que aseguró que Salud había solicitado a Hacienda una ampliación de crédito de cuarenta millones de euros, veintitrés de los cuales estarían destinados al pago de nóminas de aquí a final de ejercicio y "los 16 ó 17 millones restantes para gastos de capítulo IV, de farmacia y otros", aseguró.

Así, aunque desde la Conselleria no facilitaron ayer el montante total de la ampliación de crédito solicitada, sí recalcaron que para capítulo I, para el pago de las nóminas de personal del Servei de Salut, habrían solicitado un ampliación de crédito por valor de los citados 35 millones de euros.

Mientras tanto, las protestas de los agentes sociales no se hicieron esperar y ayer reclamaron de una vez por todas que los presupuestos de la comunidad autónoma contemplen finalmente el gasto sanitario real y que se doten con la partida adecuada para poder afrontar el año sin restricciones de personal en los últimos meses de cada ejercicio como viene aconteciendo en los últimos seis o siete años, independientemente del color político del Ejecutivo que gobierne.

Así, Isidro Torres, presidente del Sindicato Médico, confió en que esta última solicitud de ampliación de crédito sea "un aviso para que los presupuestos sanitarios siguientes se doten con el dinero que sea necesario y no por debajo, como viene sucediendo históricamente, gobierne quien gobierne", denunció el líder sindical de los facultativos de Balears, para quien "estas miserias presupuestarias en las que vivimos cada año están afectando a especialistas y servicios a los que no deberían afectar", lamentó en referencia a contratos eventuales que se están formalizando a facultativos mes a mes. Esta circunstancia, en su opinión, no contribuye a que el facultativo esté centrado exclusivamente en lo que debe, la atención al paciente, y no en otras cuestiones como su renovación contractual mes a mes, denunció.

Por parte de CC OO, Manel García, se preguntó que si Salud ha admitido esta insuficiencia presupuestaria para pagar nóminas "qué estará pasando con otras partidas. Habrá otras carencias, faltará dinero para otras cosas", denunció.

"Cada año pasa lo mismo. Lo que debería hacer la Administración es hacer un presupuesto como toca y no dejar al personal cada año con esa incertidumbre", recriminó Aurora López, de UGT. La sindicalista lamentó asimismo que este año se vuelva a congelar la partida destinada a acción social, un dinero que sale del 0,6% de toda la masa salarial de los trabajadores del Servei de Salut y que se destina a ayudas sociales para los trabajadores y que, tras su congelación, solo subvencionará ayudas por hijos discapacitados y menores de dieciocho a cargo de los empleados.

Por último, el secretario general del sindicato de enfermería, Jorge Tera, consideró toda esta situación como "una consecuencia lógica" de aprobar un presupuesto por debajo de las necesidades reales del departamento que, lamentó, además se traduce en políticas más restrictivas de contratación en los últimos meses del año para intentar cuadrarlo. "En los últimos meses del año todo son restricciones para contratar a personal o realizar sustituciones. Falta liquidez y Función Pública debe autorizar cada cupo de nuevos contratos", criticó Tera.