Casi un año después de que se iniciara el conflicto, las tensiones se mantienen. La decisión de la embotelladora de Coca-Cola de cerrar su planta de Palma puede acabar de nuevo en los juzgados de la mano de una denuncia por un presunto acto de competencia desleal. Esta vez la batalla no se la dan sus trabajadores, sino la empresa que se encargaba del mantenimiento de sus instalaciones, que finalmente se ha visto obligada a cerrar sus puertas, dejando en el paro a su propietaria y a su hija.

En enero de este año se hizo pública una decisión inesperada: Coca-Cola Iberian Partners quería cerrar sus plantas de Palma, Madrid, Asturias y Alicante y aplicar un recorte en sus plantillas. Y ello a pesar de que las instalaciones de la isla eran rentables, según sus trabajadores. Hasta ese momento, una empresa mallorquina llevaba más de diez años desempeñando una labor fundamental, como era la de encargarse del mantenimiento de buena parte de la maquinaria durante los siete días de la semana y las 24 horas del día: Metalúrgica Las Palmeras.

Según destaca la que fuera su propietaria, María José Millán, las labores que desempeñaba su docena de trabajadores eran múltiples, como el mantenimiento básico, la desinfección y limpieza de la maquinaria destinada a la fabricación de bebidas o de la producción de vapor y frió. Según recuerda esta empresaria llegada a la isla desde Galicia, todos los lunes, a las 3 de la madrugada, los operarios de su empresa eran los encargados de comenzar a calentar las calderas para poner en marcha la producción durante la semana, y si había una avería, allí se desplazaban aunque fuera un domingo.

Y todo ello con dedicación absoluta. Según apunta María José Millán, esta empresa embotelladora no la dejó tener ningún otro cliente, y esa relación ininterrumpida y de exclusividad se mantuvo durante años pese a que no se llegó a firmar ningún contrato. Desde el propio comité de empresa de esta compañía embotelladora en Palma se recuerda la labor que realizaba este personal, con el que se encontraban cada día.

Las movilizaciones de la plantilla de la embotelladora se iniciaron a finales de enero de este año y en febrero se celebró una huelga. Pero el personal de la citada empresa de mantenimiento podía seguir trabajando. Hasta el pasado 19 de mayo, jornada en la que no se les dejó pasar de la puerta. Sin recibir un preaviso con la antelación exigida por la legislación, de seis meses, los operarios de Metalúrgica Las Palmeras se encontraron con que al intentar acceder a la fábrica se les vetaba el paso. Ni siquiera pudieron recoger las herramientas que tenían en el interior, lamenta María José Millán. Y este último extremo es de nuevo confirmado por los representantes de los trabajadores de la embotelladora: las herramientas siguen allí.

Ante esta situación, la empresaria tuvo que redactar las actas de despido de los nueve empleados que le quedaban. Al perder a su único cliente, Metalúrgica Las Palmeras se quedó sin actividad y sin ingresos.

Este personal exigió las correspondientes indemnizaciones tanto a Las Palmeras como a la empresa embotelladora, y ante el Tribunal de Mediación y Arbitraje de las islas (Tamib) se llegó al acuerdo de abonar las cantidades correspondientes a un despido improcedente (con una compensación de 45 días por año trabajado) que adelantó la compañía titular de la fábrica.

Pero a los propietarios de la empresa de mantenimiento no recibieron un euro. Y María José Millán y su hija terminaron en el paro.

Así que presentaron la correspondiente reclamación a la empresa para la que llevaban trabajando más de una década. A una facturación mensual de 30.000 euros, y con un incumplimiento de la exigencia de preaviso de seis meses más las correspondientes compensaciones, Metalúrgica Las Palmeras reivindicó cerca de 300.000 euros. Aunque hubo intercambio de comunicaciones con la compañía embotelladora, en septiembre éstos concluyeron. Y no han tenido más noticias desde entonces.

Por ello, esta exempresaria plantea ahora llevar a la compañía embotelladora a los Tribunales por un presunto acto de competencia desleal, amparándose en el artículo 16.3.a de la legislación española en esta materia, que reza que tendrá consideración de "desleal" la "ruptura, aunque sea de forma parcial, de una relación comercial establecida sin que haya existido preaviso preciso y escrito con una antelación mínima de seis meses".

Pero éste no es el único problema de la embotelladora, ya que el Expediente de Regulación de Empleo que puso en marcha hace casi un año fue desestimado por los tribunales y tuvo que reabrirse su negociación con los sindicatos.

Según los datos del comité de empresa, la embotelladora contaba en Palma con unos 145 trabajadores fijos, de los que en estos momentos quedan unos 75 al optar algunos, tras el cierre de la planta, por aceptar prejubilaciones, cambios de destino o bajas incentivadas.

Hace poco, otros seis tenían que firmar el finiquito pero tres se negaron a ello, y durante las próximas semanas está previsto que cerca de quince más formalicen su salida con traslados, prejubilaciones y bajas incentivadas.

Casi un año después, el cierre de la embotelladora de Coca-Cola en Palma, que fue criticada en su momento por el Govern y la patronal hotelera, sigue echando chispas. Solo que éstas no son de la vida.