Los directores de Maó que fueron expedientados hace más de un año recibieron el miércoles la notificación oficial de que se archivaba la causa. Ahora, Educación debe devolverles el dinero que perdieron los meses que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo y apartados de la dirección: unos 5.000 euros por cabeza. Los afectados estudian ahora en qué términos plantearán la querella que hace tiempo que planean al considerar del todo injusto e irregular el proceso al que se han visto sometidos.
Los directores Rafel Andreu, Jaume Bonet y Margalida Seguí fueron expedientados en julio de 2013 por haber votado en contra del proyecto TIL propuesto desde la conselleria de Educación. De forma cautelar, fueron suspendidos de empleo y sueldo hasta cinco meses. El inspector instructor concluyó su trabajo a principios de enero de este año, pero su informe estuvo totalmente parado en la mesa del director general Bartomeu Isern siete meses, hasta la llegada de Riera a la Conselleria. En una semana, la nueva titular de Educación archivó el proceso sin penalización alguna al no estar recogido en ningún sitio si un director puede o no votar en contra de un proyecto.
Jaume Bonet expuso ayer sus valoraciones sobre la resolución de archivo y destacó que aunque se indica que "no les gustó" que como director votara en contra del TIL -como hicieron otros directores que no fueron sancionados- no hay "una orden clara, terminante y contundente de una obligación por parte del director de votar a favor de un proyecto". Al no estar tipificado, Educación indica que "no se puede derivar responsabilidad disciplinaria"; algo que los afectados habían expuesto varias veces. Lamentan que el instructor debería saberlo en vez de actuar "influenciado y con tanta parcialidad".
La resolución también recoge la nulidad del decreto TIL decretada por el TSJB y sobre las instrucciones del entonces secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas; instrucciones que ellos ya denunciaron en su día que generaban "una gran inseguridad jurídica"
La sensación general de Bonet tras leer la resolución es que parece que se intenta "cargar el muerto" al inspector instructor, Ramon Mestre, que "justamente se acaba de jubilar".
Los afectados esperan ahora instrucciones de sus abogados para presentar una querella y una demanda por daños y perjuicios contra "todos aquellos que han intervenido en el inicio y tramitación de los expedientes" y contra "aquellos que por su pasividad han permitido esta situación".
En esta lista entraría la antigua consellera Joana Maria Camps; Estarellas; el todavía director general -aunque ya no responsable de Personal- Bartomeu Isern; y el instructor. Pedirán compensación por daños y perjuicios "por todos los meses de angustia" que les han hecho pasar a ellos y a sus familias. "La injusticia manifiesta en su apertura y su arbitrariedad, además de apartarnos dos meses de los centros, y estar seis meses, el máximo permitido, suspendidos como directores, son golpes muy fuertes que nos han hecho vivir situaciones muy complicadas a nivel profesional, personal y familiar".
