­El Govern Bauzá suma un nuevo revés judicial, esta vez a cuenta de su férreo bloqueo a la apertura de nuevas oficinas de farmacia en Balears. El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha ordenado mediante un auto a la conselleria de Salud que cumpla sin más dilaciones una sentencia de principios de este año y proceda a la inmediata adjudicación de cuatro boticas más en Palma que llevan autorizadas desde 2009, pero cuyos expedientes llevan desde entonces durmiendo en un cajón.

El hecho de que el Ejecutivo del PP tenga recurrido el fallo en cuestión ante el Tribunal Supremo no sirve de excusa para los magistrados baleares, que argumentan que sus sentencias no pueden quedarse en papel mojado y deben cumplirse: "Lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que comportan en favor de alguna de las partes en meras declaraciones de intenciones", citan la jurisprudencia al respecto en un auto reciente.

Pese a ello, el Govern tampoco tiene intención por el momento de acatar lo dictaminado por la Justicia y ya ha recurrido también el citado auto, para ganar tiempo y dejarlo sin efecto.

En dicha resolución dictada por el Tribunal Superior de Balears hace unos días se obliga al Govern a ejecutar provisionalmente una sentencia que dictó la misma instancia judicial el pasado 29 de enero. En ese fallo, los magistrados instaban al Ejecutivo autonómico a convocar en un plazo máximo de dos meses el correspondiente concurso de méritos para adjudicar 8 oficinas de farmacia en Palma y una novena en la zona farmacéutica de Binissalem, y además le condenaban en costas.

Los jueces estimaban así íntegramente la demanda interpuesta por un farmacéutico mallorquín que acudió a la Justicia después de que el actual Govern del PP le denegara el 7 de marzo de 2013 su solicitud de convocatoria inmediata del citado concurso.

Solo 4 de las 9 farmacias

No obstante, el Govern hizo caso omiso de la sentencia y el 5 de marzo de este año la recurrió en casación ante el Supremo. El 11 de julio, el farmacéutico demandante reclamó al Tribunal Superior que se ejecutara provisionalmente el fallo, y los jueces de lo Contencioso-Administrativo han atendido ahora su petición, en contra del criterio del Govern. El único matiz que introducen los magistrados es que la ejecución de la sentencia debe afectar solo a 4 de las 9 farmacias afectadas por el pleito, mientras el Supremo resuelve. Es decir, el Govern sí puede seguir demorando la adjudicación de las 5 boticas también en litigio.

La razón estriba en que en su recurso de casación el Govern proyecta de modo principal su discrepancia respecto a la "cosa juzgada" -ya existe una sentencia anterior- sobre cinco de las 9 farmacias-, pero no ha impugnado en cambio el resto.

Se trata de la misma Sala que ha tumbado el polémico decreto del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y frente a la resistencia del Govern mediante un auto también ha ordenado que se proceda a la inmediata suspensión de su aplicación en los centros educativos.

En el caso de las farmacias, los jueces señalan que la jurisprudencia avala que "el recurso de casación no impide la ejecución provisional de la sentencia". Consideran que la sentencia inicial de enero no puede incumplirse. Señalan que si se mantiene el freno a la apertura de nuevas farmacias en las islas hasta que no exista un pronunciamiento firme se puede dilatar en exceso la reposición del daño sufrido por el demandante, al que por su puntuación y méritos acumulados le correspondería una farmacia en Palma de convocar la conselleria de Salud el pertinente concurso.

Evitar que sea "demasiado tarde"

"El riesgo de que no se ejecute la sentencia a la espera del resultado del recurso de casación puede conllevar el que cuando la confirmación de la misma se produzca ya sea demasiado tarde para que aquel pronunciamiento judicial sea eficaz", afirman los jueces.

Con todo, la contundencia de los magistrados vuelve a chocar con la resistencia del Govern Bauzá, totalmente reacio a permitir la apertura de nuevas farmacias en la Comunidad. Y es que el referido auto que conmina al Ejecutivo a proseguir con los trámites para la apertura de establecimientos farmacéuticos ya ha sido

Actualmente, en Balears hay 49 nuevas boticas autorizadas (35 de ellas en Mallorca) pero pendientes de abrir porque el Govern no las saca a concurso para su adjudicación. La principal tesis defensiva que esgrime la Abogacía de la Comunidad Autónoma es que todavía están pendientes de resolverse numerosos contenciosos derivados del último concurso de adjudicación de farmacias convocado en tiempos del Pacto de Progreso. También aduce el descenso de ingresos de los farmacéuticos como consecuencia de la crisis económica.

En ambos casos, la sentencia que dio la razón al farmacéutico demandante en contra del Govern tumbaba sus tesis y señalaba, entre otros puntos: "Los argumentos invocados [...] para bloquear el procedimiento de apertura [de las 9 farmacias] (existencia de recursos judiciales contra el resultado de concursos de méritos anteriores y contra autorizaciones de apertura de farmacias, o la inestabilidad del sector por descenso de rentabilidad), además de ser irrelevantes [...] son inconsistentes". Según los jueces, la existencia de pleitos aún no resueltos del último concurso convocado en 2010 "no altera la ejecutividad de las resoluciones administrativas, que no pueden paralizarse a la espera de que recaigan sentencias".

En cuanto a la caída de ingresos de las farmacias abiertas debido a la crisis, el fallo pone en duda, al hablar de la "supuesta inestabilidad del sector". En cualquier caso, según los magistrados es "un criterio irrelevante".

El fallo inicial dejaba claro que con la actitud del Govern de seguir frenando nuevas farmacias en las islas, "ya no es sólo que se da una inactividad administrativa, sino además una decisión expresa de mantenerla y denegar la petición de apertura de la segunda fase de concurso, decisión que (...) es disconforme a Derecho".