Una mujer colombiana, que reside desde hace 14 años en Eivissa, no ha podido obtener la nacionalidad española por no saber qué José Ramón Bauzá es el president del Govern balear y que Vicent Serra ocupa el mismo cargo en el Consell Insular de esa isla. La Audiencia nacional ha desestimado el recurso de la inmigrante, al entender que esas lagunas, y otras parecidas, denotan su falta de integración en España.

La protagonista de este insólito caso es una divorciada colombiana, de mediana edad y que ya tenía permiso de residencia y de trabajo desde 2005.

La inmigrante vivió unos años en las Pitiusas sin papeles, pero en 2005 obtuvo su primer permiso de residencia y trabajo. Desde entonces ha ganado su sueldo como empleada de hogar y en hostelería.

La mujer ha alegado también en su favor que carece de antecedentes penales en España y Colombia y que tiene estudios similares a la primera etapa de ESO.

La vecina de Eivissa decidió en 2009 pedir la nacionalidad española, un pasaporte que le denegó el ministerio de Justicia en 2013.

Ahora, la Audiencia Nacional ha ratificado esa negativa.

¿Dónde está Cataluña?

El juez encargado de un registro civil de Eivissa realizó a la solicitante un pequeño examen para determinar su grado de integración, prueba que la aspirante no superó.

Las preguntas, según consta en el acta levantada por el magistrado, fueron sencillas: ¿quién es el president de la Comunidad Autónoma? ¿quién es el president del Consell Insular de Eivissa? ¿dónde están Cataluña y Andalucía? y ¿qué funciones tiene el Rey?

La entrevistada no supo responder correctamente a estas cuestiones y también se mostró pez, a pesar de sus muchos años de residencia, sobre temas básicos de gastronomía española. El juez del registro civil denegó la solicitud, una medida confirmada después por la dirección general de Registros y Notariado del ministerio de Justicia.

La Audiencia Nacional analiza el perfil de la solicitante de nacionalidad y reconoce que éste reune los requisitos de años de residencia legal en España y de buena conducta cívica. Los magistrados, sin embargo, coinciden con el juez ibicenco en su falta de integración en la sociedad española.

La trabajadora colombiana explicó a su entrevistador que solía leer libros y periódicos, pero los magistrados no se lo creen, dado que de ser ciertas esas aficiones tendría más cultura general sobre Balears y España en general.

El hecho de que la solicitante domine el castellano (que es su lengua materna) tampoco es un signo de la asimilación de las costumbres españolas.

"Si la recurrente pretende no solo residir y trabajar en España de forma legal y continuada (para lo que no es preciso tener la nacionalidad española), sino que solicita la total equiparación política y jurídica con los españoles, no solo es suficiente que hable español (en este caso es su idioma natal), ni que trabaje en España, sino que le es exigible un grado suficiente de conocimiento de instituciones, forma de vida y costumbres del país del que pretende adquirir la nacionalidad a un nivel básico y al alcance de cualquier persona adulta", fundamenta su sentencia la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La demandante argumentó, sin éxito, que existen españoles de capas bajas que también ignoran cómo se llama el president de Balears, pero los magistrados han desoído esas alegaciones.