De nuevo los tribunales han hecho tambalear el proyecto estrella del Govern de José Ramon Bauzá. El Tribunal Superior de Justicia tumbó ayer el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), al fallar a favor de los recursos sindicales presentados contra el decreto que firmó en su día el entonces conseller de Educación y hoy asesor en Economía, Rafael Bosch. Tras conocer la resolución y mientras en el frente antiTIL se desataba la euforia, el Govern aseguraba que el trilingüismo debe seguir aplicándose hasta que la sentencia, que recurrirán ante el Tribunal Supremo, sea firme.

Los cinco magistrados que conforman la sala de lo contencioso administrativo acordaron por unanimidad anular el decreto 15/2013 referente al TIL básicamente por dos motivos: no se solicitó el preceptivo informe de la Universitat como marca el artículo 35 del Estatut d´Autonomia y se incumplió la ley de Buen Gobierno al incluir una memoria del análisis del impacto normativo insuficiente.

Así queda recogido en las tres sentencias hechas públicas ayer en respuesta a los recursos presentados por los sindicatos STEI-i, CC OO y UGT, en junio del año pasado, un mes después de la publicación del decreto TIL.

La noticia pilló al Govern en el Parlament, pero el president no quiso hacer declaraciones sobre este nuevo varapalo judicial a su proyecto más importante para esta legislatura. La responsable de Educación, Joana Maria Camps, argumentó que aún no se había leído la sentencia y finalmente fue la portavoz del Govern, Núria Riera, quien ofreció la única reacción oficial de ayer. De pie y por los pasillos, Riera indicó que "respetan pero no comparten" la sentencia y llamó a la "tranquilidad de las familias" ya que el TIL -"la gran apuesta electoral del PP", recordó- "no se va a dejar de aplicar". Subrayaron el hecho de que las críticas del TSJB "son de forma y no de fondo" y anunciaron que recurrirán al Supremo, argumentando que la UIB -máximo órgano de consulta en cuestiones que afecten a la lengua catalana- ya está representada en el Consell Escolar, órgano por el que sí pasó el decreto TIL.

La sala de lo contencioso administrativo que preside Gabriel Fiol deliberó y tomó la decisión conocida ayer el día 10 de septiembre, la jornada antes del inicio del curso 2014-2015, segundo año del TIL, que ya se aplica en todos los cursos de Primaria y en los dos primeros de Secundaria. Las tres sentencias coinciden en recalcar que es obvio que el proyecto trilingüismo afecta a la presencia de la lengua catalana en los colegios y que por ello es ineludible pedir el preceptivo informe a la Universitat.

La magistrada Alicia Esther Ortuño hizo la ponencia del recurso de UGT y subrayó que el decreto del TIL ha supuesto un cambio real del sistema educativo del bilingüismo al trilingüismo, como también lo señala el juez Pablo Delfont en su sentencia de respuesta al STEI-i. Ambos señalan que "en ese vaivén de modelos educativos el adelgazamiento de la enseñanza en lengua catalana es ineludible".

La juez indica que este lengua "pasa a ser hasta un resto significativamente menor como es el que queda después de descontar las asignaturas de y en inglés ". Continúa: "Ahí queda a la vista ´y en carne viva´ la irremediable incidencia que en el peso real de la enseñanza en lengua catalana va a suponer la implantación del modelo educativo trilingüe".

Con todo, Ortuño considera que estaba claro que "desde el primero momento" el decreto del TIL estaba claro que iba a afectar "al proceso de normalización" lingüístico. La conclusión: "Por consiguiente brilla con luz propia la necesidad de que la UIB hubiera sido consultada".

En líneas similares se expresa Carmen Frigola, ponente de la sentencia de CCOO, que aplaude que el modelo trilingüe "busca y persigue que los ciudadanos del mañana tengan un total y perfecto conocimiento de las tres lenguas, porque ellos obedece a una recomendación de la Unión Europea y porque sin duda al ser ciudadanos europeos se impone tener un buen uso y conocimiento de la lengua de mayor influencia en el contexto europeo" y considera que "el decreto contempla de forma acertada una distribución equitativa de las horas lectivas", pese a todo es indudable que resulta "sustancial para la lengua catalana" y que por tanto debería haberse consultado a la UIB.

La sentencia de Frigola anula también las instrucciones emitidas a posteriori por el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, al entender que no tenía potestad para dictarlas.