El Parlament balear ha aprobado en la sesión plenaria celebrada hoy dos leyes: una que regula la creación de una red de apoyo a la mujer embarazada y otra que ordena el sector de las canteras.

Las dos normas se han aprobado con el apoyo mayoritario del PP y con algunas discrepancias de la oposición, leves en el caso de la Ley de Ordenación Minera y mucho más acentuadas respecto a la ley de apoyo a las embarazadas, que ha suscitado un agrio debate.

La diputada del PP María José Bauzá ha subrayado la necesidad de facilitar a las mujeres embarazadas información sobre todos los recursos que tienen a su disposición para llevar a buen término la gestación.

Para Bauzá, la izquierda presta mayor atención a la defensa del derecho a la interrupción del embarazo que a la protección de las mujeres que quieren superar las dificultades para tener hijos, algo que debe ser favorecido dado el envejecimiento progresivo de la población.

Sin embargo, la diputada del PSIB Conxa Obrador ha asegurado que la ley "no contempla nada que no esté ya contemplado" y ha criticado la falta de recursos de respaldo a la mujer, agravada por los recortes del PP.

Para Fina Santiago, de MÉS, la norma finalmente aprobada está "vacía" y no prevé ningún nuevo derecho más allá de la posibilidad de que "las mujeres sean asesoradas por teléfono".

La diputada no adscrita Margalida Font ha asegurado que con la regulación de la red de ayuda a embarazadas el único propósito del PP es contentar a grupos antiabortistas.

Todas las enmiendas de la oposición han sido rechazadas en una votación muy fraccionada en la que el PP a apoyado en bloque el texto legal propuesto y los partidos de izquierda han apoyado algunos de los artículos.

El pleno se ha cerrado con el debate y votación de la Ley de Ordenación Minera, cuyos ejes fundamentales ha expuesto ante la cámara el conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, que ha agradecido el trabajo de los sectores afectados y los grupos parlamentarios para pactar los aspectos básicos de la regulación.

García ha recordado que, junto a las canteras, la ley regula las explotaciones de aguas minerales, geotermia y las salinas, y ha calificado de "perentoria" la necesidad de terminar con la inseguridad jurídica existente hasta ahora.

El conseller ha puesto el acento en que la norma impulsa la restauración de los espacios naturales afectados por canteras en desuso y la clausura de explotaciones ilegales.

Pese a celebrar el acuerdo general, el diputado socialista Marc Pons ha criticado que se incluya la modificación de la Ley de Transportes, totalmente ajena a la materia abordada, y ha reprochado que se establezca la posibilidad de que el Consell de Govern dispense a determinadas explotaciones en algunas circunstancias de la obligación de contar con un informe ambiental positivo.

David Abril, representante de MÉS, también ha reprochado este aspecto y, aunque ha elogiado el acuerdo, ha echado en falta "un poco más de dureza" en la sanción de las infracciones "por respeto a quien hace las cosas bien".

Las enmiendas que los grupos de la oposición habían mantenido vivas han sido rechazadas y el texto legal se ha aprobado con los votos favorables del PP a todos los puntos y el respaldo de PSIB y MÉS a la mayoría del articulado.