La consellera de Educación, Juana María Campos, publicó ayer una resolución en el BOIB donde despide a los 11 inspectores accidentales contratados por el Govern el pasado año, lo que supone prescindir de la mitad de la plantilla.
El secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, alegó que “acatamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJB). No despendimos a nadie por nuestra voluntad”. Dicha resolución judicial declaraba irregular la comisión que se encargó de elegir a los inspectores porque fue designada a dedo por el Govern. El fallo del TSJB fue emitido en julio a raíz de un recurso del sindicato STEI.
La asociación de inspectores ADIDE entiende que el Govern ha aprovechado la sentencia para “echar” a los inspectores, ya que el escrito del alto tribunal en ningún momento ordena que no se renueve a los profesionales educativos. Pere Ríos, portavoz de ADIDE, compareció junto a dos compañeros, Juan Vicente Pérez y Francisco García. Acusaron al Govern de haber “presionado a los inspectores accidentales para que aprueben proyectos del TIL”, de “provocar un cisma” en el sector educativo y de no haber comunicado el despido a los inspectores hasta las 13:00 horas de ayer, cuando la resolución de la consellera Camps se publicó a primera hora de la mañana en el BOIB y fue firmada el día 2 de septiembre.
“Nosotros -indicó Ríos- también recurrimos que la comisión para elegir a los inspectores fuese a dedo, y no por sorteo como se había hecho siempre. Lo que ocurre es que consideramos que una cosa es la comisión, donde incluso se trajo a un alto cargo de la Comunidad Valenciana, y otra es el trabajo profesional de estos funcionarios”. El portavoz de ADIDE añadió: “Incluso el STEI había anunciado que no pediría la ejecución de la sentencia para que los inspectores accidentales pudieran ser renovados”.
Desde la asociación de inspectores educativos recordaron que el pasado año, “pese a organizar una comisión a dedo”, tuvieron que volver a readmitir a la mayor parte de los inspectores que fueron despedido a principios de legislatura por orden del entonces conseller Rafel Bosch.
Una comisión irregular
El concurso para contratar a inspectores accidentales se convocó en 2013 -con una oferta de 13 plazas- y se resolvió en octubre, con 11 candidatos admitidos. La convocatoria del concurso fue duramente criticada por las dos asociaciones de inspectores ADIDE y ANIE y los sindicatos STEI y CCOO ya que el secretario autonómico de Educación, Guillem Estarellas, se adjudicó la potestad de elegir a los miembros de la comisión de selección a dedo, cuando en estas convocatorias públicas siempre se ha de hacer por sorteo en aras de la objetividad. El Consell Consultiu ya había advertido de esta irregularidad, pero fue ignorado por Estarellas que continuó adelante con el concurso y con la comisión digitada.
El STEI y ADIDE denunciaron el concurso por esta cuestión y a principios del pasado mes de julio el TSJB dictaminó que efectivamente la Administración no podía elegir a dedo a los componentes del tribunal. La Sala destacó en su texto que “la propia CAIB, en las cinco convocatorias anteriores a la del año 2013 destinadas a la provisión accidental o temporal de puestos de inspectores de educación, mediante comisión de servicios, había recogido que la designación de los miembros de estas comisiones de selección y valoración, distintos del presidente, se haría por sorteo”. De no hacerse, precisaba la sentencia, se vulnera el “artículo 7.7 del Real Decreto 276/2007 y del artículo 16 del Decret 36/2001”.
En las últimas semanas los 11 inspectores accidentales han permanecido en un limbo administrativo e incluso se han negado a firmar informes a la espera de saber si se les renovaba la comisión de servicios. Todos ellos son funcionarios docentes que tienen su plaza en un centro educativo.
José Vicente Pérez, uno de los inspectores despedidos, explicó ayer que “yo me enterado esta semana que voy a ser tutor de un curso, pero lo que nos duele es no haber sabido antes esta resolución para poder acudir a nuestro centro educativo a preparar las clases”.
Francisco García, inspector con plaza, alertó de la difícil situación en que queda el departamento de inspección educativa: “Vamos a quedar con 8 inspectores en Mallorca, dos en Eivissa y uno en Menorca. En total, 11 funcionarios para más de 400 centros educativos. Será imposible poder realizar la función de control y de asesoramiento a los profesores y a los padres que nos gusta realizar a los inspectores”.
La asociación de inspectores ADIDE exigió al Govern que convoque de forma urgente unas oposiciones para cubrir las plazas de inspectores. Recordó que el sistema educativo de las islas necesita a unos 29 profesionales inspectores para el buen desarrollo del curso escolar. Asimismo, Pere Rios, pidió la dimisión del jefe de servicio de Inspección Educativa, Francisco García Moles, por “las formas de comunicar los despidos y por la grave situación creada”.
