­La Congregación de Missioners del Sagrats Cors y los vecinos del Secar de la Real no se mordieron ayer la lengua. Las dos entidades acusaron al Govern de José Ramón Bauzá de actuar de cómplice de Jaume Matas y María Antonia Munar para salvar el hospital de Son Espases. Denunciaron que la nueva Ley del Suelo del Govern Bauzá incluye un apartado "donde aprueba mecanismos para dificultar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nula la ubicación urbanística del hospital", indicó el vecino Antoni Roca.

En mayo de 2013, el Tribunal Supremo dio la razón a vecinos y misioneros de La Real. Argumentó en su sentencia que faltaba la declaración de interés general y apuntó importantes deficiencias en la evaluación ambiental del proceso urbanístico. Esta sentencia está pendiente de que el alto tribunal decida ejecutarla y deje el hospital en una grave situación. La Ley del Suelo, en el punto tres del artículo 137 apunta: "El Govern de les Illes Balears puede acordar, por razones de urgencia o de interés público excepcional que lo exijan, remitir al ayuntamiento correspondiente el proyecto de que se trate, para que, en el plazo de un mes, notifique la conformidad o disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de disconformidad, el Consell de Govern decidirá si procede ejecutar el proyecto de manera inmediata y con exención de la licencia y ordenará la iniciación de la modificación del planeamiento urbanístico...". Según este artículo, el Govern puede pasar por encima de municipios y consells para aprobar un proyecto urbanístico.

Los padres Josep Amengual y Antoni Vallespir, así como el vecino Antoni Roca, desvelaron que esta norma está "puesta a propósito" para convertir en "inaplicable la sentencia". Las entidades que llevan diez años de luchado para evitar la construcción del hospital indicaron que llegarán hasta donde haga falta y piensan promover "medidas legales, ya que consideramos inconstitucional que mediante un artículo de una ley autonómica pretendan esquivar la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo".

"Connivencia" de la Justicia

Assumpció Renom, presidenta de la Asociación de Vecinos del Secar de la Real, se mostraba satisfecha de que ahora la Fiscalía haya abierto un caso de corrupción de unos hechos que ellos llevan diez años denunciado. "La Justicia -apuntó Renom- tiene una buena parte de culpa de lo que ha ocurrido con Son Espases. La connivencia impensable con los poderes políticos nos han llevado a esta situación". Roca recordó que ellos pidieron al TSJB que interrumpiera las obras hasta la resolución judicial del Supremo y el tribunal se negó. Añadió que el alto tribunal dio un serio varapalo a la sala de lo contencioso: "En este caso, la sentencia de instancia (TSJB), se sitúa de espaldas a la realidad de los hechos e incluso trata de enmendar las declaraciones contenidas en nuestra sentencia de 20 de enero de 2009".

Por otra parte, vecinos y misioneros entregaron a principios de esta semana a la Fiscalía miles de folios de documentación jurídica que han recabado durante una década por los 20 recursos interpuestos. "Consideramos que la numerosa información obtenida en la tramitación de esos procesos puede resultar de utilidad a la Fiscalía para el esclarecimiento de los presuntos hechos delictivos que son objeto de investigación", apuntó Assumpció Renom.

La Congregación de Missioners dels Sagrats Cors y los vecinos del Secar de La Real no solo arremetieron contra los gobiernos del PP. También se mostraron muy críticos con el Pacto de Progreso: "El Pacto tuvo en sus manos la oportunidad de paralizar la construcción del hospital. En cambio, prefirió dar la espalda a la realidad, ignorando de forma flagrante las medidas cautelares concedidas por el Tribunal Supremo y que les llevaron incluso a negar la existencia de las mismas".

En la comparecencia de ayer señalaron a Matas, Munar, Cabrer, Cirer y Rodrigo de Santos, como "responsables de la corrupción especulativa" en Son Espases.