El conseller de Turismo, Jaime Martínez, compareció ayer para salir al paso de las críticas que desde numerosos sectores empresariales se están lanzando contra el borrador del reglamento que su departamento ha elaborado para desarrollar la ley que regula este sector, y se mantuvo firme a la hora de advertir de que el alquiler turístico de los apartamentos particulares no se va a legalizar en las islas, aunque estas viviendas se puedan seguir comercializando bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este aspecto, hizo hincapié en un aspecto: estos alquileres a turistas de los que se habla no aparecen registrados en ningún organismo público, como indició del elevado fraude existente en este campo, y señaló a la Agencia Tributaria como la encargada de controlar este tema.

En cualquiercaso, Martínez consideró que regular cualquier práctica ilegal no es la solución para que afloren los ingresos en negro que genera, y señaló que la existencia de los denominados "taxis piratas" no conlleva que se deba legislar sobre ellos.

El conseller se mantuvo firme a la hora de insistir en que cualquier vivienda particular se puede alquilar en las islas "por días, semanas o meses", pero solo bajo la legislación de arrendamientos urbanos y no en el marco de la normativa turística, lo que implica que no sepueden incluir en el precio la prestación de servicios como los de alimentación o de habitaciones, ni comercializarse por canales turísticos.

Eso no supone, según Martínez, que se expulse del archipiélago al denominado turismo residencial, y en ese aspecto subrayó que desde que se aprobó hace dos años la nueva ley que regula este sector ­-que el citado reglamento desarrolla- la cifra de viviendas turísticas registradas ha pasado de unas 5.000 a 10.000, lo que equivale a un 20% de la oferta de alojamiento vacacional de Balears.

Sin embargo, insistió en que el reglamento no puede ir en contra de la Ley General Turística, y que ésta solo admite el alquiler turístico de los chalés y de los adosados. El borrador fija para estos últimos la condición de que se hayan construido antes de 1960 y el visto bueno de los vecinos, pero el conseller apuntó que estos puntos pueden revisarse durante el periodo de presentación de alegaciones, que se prorrogará hasta mediados de septiembre. Eso supone que el reglamento puedequedar aprobado antes de que acabe el año.

Respecto a las restantes críticas de asociaciones como las de restauración, salas de fiesta o atracciones turísticas, el conseller destacó que se fijan unos mínimos de calidad para la oferta del todo incluido, pero advirtió de que ésta no puede prohibirse. En cualquier caso, señaló que las plazas que se comercializan bajo esa modalidad se están reduciendo al aumentar la categoría de los hoteles tras las reformas realizadas

En cuanto a la autorización de una segunda actividad en los negocios turísticos, señaló igualmente que la normativa comunitaria también impide poner límites, y reconoció que el hecho de haber fijado para esa segunda actividad un máximo de superficie del 30% del negocio principal bordea ya el incumplimiento de las directivas europeas.

Martínez defendió el borrador del decreto por las novedades que incorpora (como la regulación de los denominados party boats y la creación de una nueva categoría de calidad para la restauración) y la celeridad con que se ha elaborado, y en cualquier caso consideró que hay que hablar más de calidad y menos de cantidad. Por ello, cuestionó las presuntas bondades de una demanda de alquileres que se concentra durante los meses de verano y que puede generar una mayor saturación de las infraestruturas isleñas.