La organización conservacionista Oceana ha demandado por la vía contencioso-administrativa a la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria por denegar documentos de información ambiental sobre los permisos de hidrocarburos de Cairn Energy en el golfo de Valencia y canal de Ibiza.

El Ministerio de Industria no ha respondido a las solicitudes de información realizadas por Oceana desde febrero, por lo que la entidad ha demandado a la Dirección General de Política Energética y Minas por denegar documentos de información ambiental sobre los permisos de hidrocarburos de Capricorn Spain (filial de Cairn Energy) en el Golfo de Valencia, ha informado en un comunicado.

Según Oceana, los documentos deberían haberle sido facilitados el antes del 26 de mayo, fecha en la que concluían los plazos desde que presentó las solicitudes el invierno pasado.

El director de Oceana en Europa, Xavier Pastor, ha asegurado que con su negativa a entregar información ambiental sobre los permisos de Cairn, el Ministerio de Industria "está favoreciendo a una empresa privada frente al legítimo interés de los ciudadanos por la conservación del medio ambiente".

"Es muy preocupante que, por enésima vez, la Administración vulnere la Ley 27/600 de acceso a la información ambiental y oculte datos críticos sobre actividades potencialmente peligrosas para el medio marino o el bienestar de los ciudadanos", ha dicho Pastor.

Oceana formalizó dos solicitudes de documentación, una el pasado 12 de febrero y la otra el 6 de marzo.

En ellas requería el "Programa de Protección del Medio Ambiente. Permisos de Investigación Albufera, Benifayó y Gandía", el documento titulado "Responsabilidad Corporativa Cairn, objetivos y organización" y otro sobre "Permisos de investigación Alta Mar 1 y Alta Mar 2. Protección del Medio Ambiente, Responsabilidad Corporativa de Cairn".

También solicitó las pólizas de seguro de responsabilidad civil contratadas por Capricorn Spain Limited a fin de responder de posibles daños a personas, bienes o al medio ambiente, exigidas como condición previa al inicio de los trabajos de investigación.

Ante la falta de respuesta, la solicitud se entendió estimada por silencio administrativo positivo y Oceana solicitó la ejecución del acto el pasado 25 de abril, pero no recibió ningún dato ni dentro del mes establecido por ley ni hasta la fecha.

Por este motivo, la organización internacional de conservación marina ha decidido emprender la vía contencioso-administrativa.