El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha rechazado conceder el indulto a Jaume Matas. La Audiencia Provincial de Palma, una vez reciba la notificación oficial por parte del Gobierno, adoptará una decisión sobre la ejecución de la condena a nueve meses de prisión contra el expresident del Govern.
Jaume Matas fue condenado por el Tribunal Supremo el 15 de julio de 2013 por un delito de tráfico de influencias a las penas de nueve meses y un día de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación para cargo electivo por tiempo de cuatro años, seis meses y un día.
El tribunal declaró probado que en 2003, como presidente de Baleares, utilizó su autoridad jerárquica para presionar a un funcionario para la concesión de una subvención.
Matas había solicitado el indulto para evitar su ingreso en prisión después de que la Audiencia Provincial de Baleares denegara por segunda vez sustituir por multa la pena de nueve meses de cárcel a los que el Tribunal Supremo (TS) redujo su condena. Sin embargo, pocos confiaban en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy le indultara. El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, había reiterado en varias ocasiones que nunca se había concedido un indulto a políticos condenados por malversación de caudales e hizo hincapié en que mientras él fuera ministro la situación se mantendría.
La Audiencia Provincial de Palma, una vez reciba la notificación oficial por parte del Gobierno de la denegación del indulto, decidirá cuándo debe ingresar el expresident del Govern Jaume Matas en prisión.
Será la sala que le condenó la que determine cuándo y dónde cumple la condena el exministro de Medio Ambiente, sobre quien pesa una segunda sentencia firme por cohecho, aunque en ese caso no conlleva la privación de libertad sino una multa de 9.000 euros.
Antonio Alemany, tampoco recibe el indulto
El periodista Antonio Alemany fue condenado en la misma sentencia que Matas a la pena de dos años, tres meses y un día de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación absoluta por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
La resolución declaró probado que Alemany fue beneficiario de las subvenciones irregularmente acordadas, que su objetivo era aumentar sus ingresos e incitar a actuar en la forma en que se hizo.
